Salta: Urtubey prepara un masivo desalojo campesino para fin de año

Virtual veto a ley de protección campesina, con apoyo “crítico” del FpV.

Por la enorme presión de las comunidades campesinas, en 2010 se votó una ley que suspendía los desalojos, al tiempo que comprometía al Estado a otorgar ayudas económicas y técnicas para la pequeña producción agropecuaria. Siete años después, la legislación ha sido ninguneada en todos sus términos, a excepción de la prohibición temporal de desalojos. Pero esta cláusula ahora se ha vencido y se plantea una nueva crisis: Urtubey vetó una nueva prórroga, aunque el Senado extendió la protección solamente hasta después de las elecciones.
Como ocurre en el Congreso, el bloque de diputados del Partido de la Victoria la había jugado de “policía bueno”, defendiendo primero una prórroga por tres años. Luego, el Senado, acatando órdenes de Urtubey, modificó el plazo a seis meses y todos los bloques de ambas cámaras -kirchnerismo incluído- terminaron acatando. Sólo el Partido Obrero mantuvo el tiempo original y denunció la prórroga “corta” como un preaviso de desalojo para fin de año. Advertimos que esta medida forma parte de un paquete más general, que incluye una reforma a la ley de Reordenamiento Territorial para habilitar desmontes en cinco millones de hectáreas hoy protegidas –justamente, en la zona donde se emplaza la mayoría de los campesinos salteños.
Política de Estado
 Durante años, y con la promesa de prontos subsidios y reconocimiento posesorio, el Urtubey  y el kirchnerismo postergaron gran cantidad de reclamos campesinos. Al final del camino tenemos a estas fuerzas, junto a Olmedo, el PRO y Romero, dispuestos a dar luz verde a una avanzada en regla a pedido del capital financiero. Todo un escenario de clarificación política.
En la misma semana en la que se discutía esta virtual luz verde a los desalojos, se conocía que las comunidades originarias de la Quebrada del Toro (puerta de entrada a la Puna minera) sufren hostigamientos cada vez más virulentos. Sus voceros denuncian que la empresa minera internacional Foxter SA ha estado destruyendo corrales, matando animales y desviando canales de riego; todo ante la pasividad de la policía y la justicia, que sólo actúan cuando la comunidad se defiende. Por otro lado, reclaman que el Estado no gira vacunas para el ganado ni los subsidios comprometidos.
Testimonios como estos se repiten en diferentes parajes y expresan una política más general para el campo salteño: hay un trabajo fino en el que están comprometidos los poderes del Estado para socavar económica, política y legalmente a la pequeña propiedad campesina, incluso mucho antes de llegar al desalojo.
Urtubey no se queda atrás a la hora de postularse como referente del campo ajustador. Así como Macri anuncia una reforma laboral y tributaria a fin de año, el gobernador lanza este nuevo guiño al capital, que se suma a su destacado rol entreguista durante el Pacto Minero.
En la etapa de ataques que ya se ha iniciado y se profundizará después de octubre, el Partido Obrero se pone del lado de las comunidades: reclamamos la entrega en propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente junto a la provisión por parte del Estado de las herramientas económicas y financieras necesarias para promover su desarrollo.
(Fuente:Prensa Obrera. edición: nuestra).
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