Locales. Impecable fallo de la Jueza Cristina Fortunato poniendo límite y exigiendo “proporcionalidad y racionalidad” a la Fiscalía

Cuando presuntamente  la Fiscalía no aplica “la misma vara”, se “paga”

El  tres del presente mes y año, este medio titulaba “Locales. Sin precedentes: un Fiscal (el mismo que lleva 3 años sin esclarecer el homicidio de la docente Nelly Zárate) quiere llevar a Juicio a un jugador de Quilmes por agredir a un árbitro“.

Precisamente, la Dra. Cristina Fortunatto, Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, puso límites a las pretensiones fiscal, con un fallo (del 6/3/2018) que rechaza la acusación formulada por  el Fiscal Carlos María  Vottero para que la causa sea elevada a juicio

Reproducimos parte del resolutorio ejemplar de la magistrada:

Tomó la palabra el representante del Ministerio de la Acusación reiterando los términos del libelo acusatorio, es decir, el hecho atribuido a Vera : “El día 04/09/2016 en ocasión de encontrarse disputándose a partir de las 15.35hs un partido de fútbol de primera división de la Liga Rafaelina de Fútbol en el Estadio Agustín Giuliani entre el local , el Club Atlético Argentino Quilmes y Sportivo Norte, en el momento en que transcurrían 42 minutos del primer tiempo, el imputado Leonardo Vera, jugador del Club Quilmes, increpó al árbitro del encuentro Silvio Ruiz por una situación de juego y lo agredió con dos golpes de puño en la cabeza debiendo el árbitro por tal motivo suspender el partido. Producto de la conducta desplegada por el imputado Leonardo Jesús Vera a la víctima Silvio Ruiz se le constataron las siguientes lesiones: “ herida cortante en región retroauricular izquierda, la cual desde el punto de vista médico legal se califican como lesiones leves”. […]

¿ El  acusador agotó todas las posibilidades existentes antes de decidir formular la acusación y solicitar la apertura a juicio?

¿ El acusador actuó respetando el principio de actuación   de objetividad  regulado en el art. 3° inc. 2° Ley 13.013 modificada por Ley 13.746 ?

¿Se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad como principio de la dogmática penal?

¿Se valoró la posibilidad de doble punición?

Las respuestas no aparecen a primera vista como simples,  sin perjuicio de lo cual la conclusión a la que arribamos surge a partir de  concluir que deben responderse en forma negativa.

Previo a ello hemos de indicar que la suscripta necesariamente debe efectuar un pronóstico del caso y pena a la cual se somete nuestra actuación a los fines de establecer la apertura a un jucio oral o no.

Ese pronóstico es de certeza condenatoria habida cuenta de la abultada y contundente prueba ofrecida ( videos de filmación,etc) por lo que la pena solicitada en ese caso atento al antecedente condenatorio informado, necesariamente debe ser de ejecución efectiva.Es decir, el Sr. Fiscal solicita la pena de Dos años de ejecución efectiva en tanto es el resultado de la unificación propuesta.

Si bien, y tal como lo ha expresado el acusador en la audiencia, las cuestiones referidas a la pena deberían ser discutidas en el debate entendemos que en la especie resulta oportuno en esta etapa efectuar la valoración jurisdiccional del pedido de pena plasmado en el libelo acusatorio en tanto la habilitación de apertura a juicio permitiría con certeza suficiente arribar al resultado pedido por el fiscal.

Nicolás Guzmán ( “Revista de Derecho Procesal Penal. Rubinzal Culzoni. Pág. 224 -2008)  nos dice que …podemos entender el principio de objetividad como la consagración legal de la garantía del procedimiento y una investigación racional y justa y como un elemento fortalecedor del derecho de defensa del imputado, ya que la existencia del deber de objetividad en el actuar del Ministerio Público permite un adecuado ejercicio de éste…”. 

.Al dar curso a una investigación penal el fiscal no busca tozudamente la condena del imputado en tanto no representa la persecución a ultranza. En cambio, existe  en la víctima un interés natural, directo, privado  en que se haga justicia, ya que es la persona afectada por el daño que el delito importa. Y aunque es un principio de actuación fiscal orientar la investigación a la satisfacción de los intereses de las víctimas procurando “ conciliarlos con el interés social” también lo es y tiene la misma jerarquía, actuar respetando el principio de objetividad y procurar la solución del conflicto surgido a consecuencia del delito. 

No desconocemos la existencia de una lesión física en el árbitro Silvio Ruiz.  Y ciertamente tampoco su repercución pública. Pero el estudio mismo en la dogmática penal del concepto de proporcionalidad nos provee los instrumentos o mecanismos para concluir en este caso que tenemos a estudio, que el poder punitivo del estado resulta desproporcionado al imponer una pena de encierro como retribución por el mal causado.[…]

La proporcionalidad como principio supone un ejercicio razonable del poder político del Estado necesario para realizar las exigencias del bien común, respetando los derechos de los ciudadanos. Este principio regula el nivel de impacto de esa potestad o poder punitivo en la sociedad. […]

Nos dice Guillermo Yacobucci (SAIJ- “El principio de proporcionalidad como regla fundamental de políca criminal”- 2004-) “.. el principio de proporcionalidad opera como una regla de legitimación  en las diferentes instancias de configuración de la política criminal. Cuando se habla de legitimación se quiere decir que la razonabilidad de las medidas adoptadas en el ejercicio de la postestad penal del estado es una exigencia básica para poder fundar cualquier avance sobre la esfera de libertades personales. … el principio obliga a los funcionarios, legisladores y magistrados a ponderar con criterio prudencial la importancia de los bienes sociales y personales puestos en juego por los instrumentos penales”. […]

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo normado por el art. 303 inc. 1º ss y cc del  C.P.P. y a lo peticionado por la Defensa:

RESUELVO: 1.-RECHAZAR LA ACUSACIÓN FISCAL, conforme los fundamentos expuestos.

2.- DISPONER SE REMITA EL CASO A MEDIACIÓN PENAL, valorandose la reparación económica propuesta por el imputado, y , en su caso, la adopción de salidas alternativas que el representante del Ministerio de la Acusación entienda pertinentes. […]

 

 

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