Locales. Para pensar: “Derecho, seguridad y garantismo” (Por Hugo Degiovanni)

DERECHO Y SEGURIDAD

Hugo Alberto Degiovanni (l)

La paz no vive en las leyes, existe en  la constitución moral de cada hombre, en el modo de ser  que  su voluntad ha recibido de la ley moral según la cual ha sido educado”. ( Juan B. Alberdi).

En una primera lectura puede resultar paradójico, que el padre del derecho de nuestro país y autor de las bases que dieran origen a nuestra Constitución, afirmara – como se cita en el epígrafe- que el derecho no es el elemento constructor de la paz y del orden.

Pero a poco que analicemos esta expresión nos damos cuenta de cuanta verdad tiene. Imaginemos sino el país más pobre del mundo y en  las peores condiciones de salud pública. Nadie podría figurarse que con tan sólo trasladar la legislación en salud y bromatología de Suecia -por ejemplo- tendría el problema solucionado.

Traslademos ahora el ejemplo a la nación más convulsionada del mundo, con los mayores índices de inseguridad pública y  también por arte de la ficción incorporamos ahora  la legislación penal que mejor resolvió estos problemas y que a nuestro juicio sea ejemplo de un estado social democrático y de derecho.

Nadie tampoco podría  imaginar, ni aún por vía de esta remota hipótesis, que por esta alquimia legislativa, la sufrida nación se beneficiara con sus problemas de seguridad, delito, etc., resueltos.

Ello no ocurre por un simple motivo: los cambios son producto de las personas, no del derecho. Si consideramos que el estado está en guerra frente al delito, como se plantea desde muchos medios, debemos admitir que esa guerra se perdió, porque desde que el hombre e bípedo que infringe normas y lo seguirá haciendo.

El concepto de guerra implica emplear métodos del adversario (el delincuente) y esto lleva no sólo la deshumanizacion del derecho, sino a la violación de garantías constitucionales, que ya no van a afectar sólo a los que infringen la ley, sino que puede extenderse al simple ciudadano (ejemplo detenciones arbitrarias, seguimientos, pérdida de privacidad en manos de controles públicos, violación correspondencia, etc), ya no para prevenir o perseguir delitos, sino como control político o intimidante.

Cuando se advierta, será tarde la república cedió a la dictadura. (así comenzaron regímenes como el de Franco, Hitler, Mussolini, etc.)

El derecho es una ciencia que tiene un objeto cultural y por ende cambiante, pero conforme a la manera de ser de la comunidad en que se aplica: el derecho no crea a la sociedad sino la sociedad al derecho. Es un instrumento creado por la cultura que aspira a regular y posibilitar la  convivencia pacífica, pero respondiendo a lo que esa sociedad “es”.

En consecuencia, ll problema de la seguridad no puede buscarse únicamente en las leyes penales de fondo o de forma,  porque éstas actúan sobre las causas del delito y esas causas como dijimos las hallamos en la organización social misma.

Se ha dicho que “el problema es que este derecho penal justificado en la excepción o en necesidades coyunturales se va ordinarizando y en lugar de la última ratio comienza a escalar posiciones para convertirse en respuesta reiterada de los legisladores a problemas para los cuales está totalmente comprobada su inutilidad” ( Daniel Erbetta en Inflación Penal  Emergencia y sistemas de garantías).

Invito al lector que señale tan sólo un país que por el simple hecho de subir las penas o bajar la edad de punibilidad haya reducido el número de delitos. Contrariamente, países que redujeron la sanción punitiva (ejemplo los nórdicos cuya pena máxima no excede los treinta años por más grave que haya sido el delito), son los que cierran cárceles, casi no existe la reincidencia, y la sociedad o los pseudo juristas de los medios de comunicación no salen a acusar de “garantismo” a su gobierno.

Adjetivo  -“garantista”que es considerado demagógícamente como disvalioso, cuando desde el derecho no significa más que respetar las garantías contempladas en la Primera Parte de nuestra Constitución Nacional

Interpretarlo de otra manera, nos conduce a cuestionar continuamente las normas y alentar sus reiteradas modificaciones ante la  comprobación de que no dan respuesta satisfactoria a la expectativa creada. Entonces, inmediatamente surge en algunos sectores un cuestionamiento a las garantías individuales: ¿ Derechos humanos para todos? ¿ También para los delincuentes?.

  Se marca de esa manera la  instalación, desde esta ideología, de una peligrosa concepción o tendencia político criminal de extensión cualitativa y cuantitativa del derecho penal y la pretensión de satisfacer finalidades y objetivos constitucionalmente extraños a las limitadas funciones que pretende justificar (casi en estado de necesidad) su utilización.

Pero el estricto abrazo a una filosofía sin reticencia de respeto a los Derechos Humanos no responde solamente a una mera concepción filosófica (despectivamente llamada “garantista”), sino a la conveniencia práctica. Si bien es cierto que el tema de la seguridad es un problema mundial no menos veraz resulta que a quienes menos afecta es a los estados que practican una política social, democrática y de respeto a los derechos fundamentales como base constitutiva de una filosofía de nación y de vida de todos sus componentes.

En una sociedad afligida y preocupada por falta de seguridad resulta difícil compatibilizar estos dos extremos (seguridad y derecho), cuando a veces desde algunos sectores ingenua o intencionalmente se plantean como antagónicos. Lo importante es que desde los roles que ocupamos en la sociedad, no nos dejemos llevar por incursiones “extremas y salvadoras” que nos convenzan que conculcar garantías fundamentales puede ser la solución de los problemas. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestra  República Argentina, cuando bajo un sistema de supresión a los derechos básicos de los individuos padecimos treinta mil desapariciones.

    La intimidación legislativa por sí misma no tiene ninguna fuerza efectiva. Estadísticamente está demostrado que no disminuyen los delitos porque se aplique pena de muerte, aumenten las leyes que restrinjan la libertad personal, disminuya la edad de punibilidad, aumenten las penas para determinados delitos o porque aparezca una “mesiánica mano fuerte”.

  La amenaza de pena será efectiva, cuando la conciencia colectiva reconozca que existe (la pena) para afirmar los valores jurídicos fundamentales que respondan a la convicción de las mayorías, pero también al respeto de las minorías, no para castigar.

 

(l) Abogado. Especialista en la Enseñanza de la Educación Superior. Universitaria. Lic. en gestión educativa. Profesor Universitario. Becario Escuela Judicial Española y de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

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