Editorial. El derecho a no ser pobre es una cuestión jurídica. Por Hugo Alberto Degiovanni (1)

El derecho a no ser pobre es una cuestión jurídica

Por Hugo Alberto Degiovanni IMG-20130907-WA0003

Fue hace más de 60 años y a raíz de las secuelas desastrosas que dejó la Segunda Guerra Mundial, cuando los miembros de la comunidad internacional, sobresaltados por las atrocidades perpetradas en uno de los conflictos armados más devastadores de la historia de la humanidad, se congregaron y aceptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue una época de duelo, un período para cicatrizar heridas profundas y de examen de conciencia.

Un período marcado por la búsqueda apremiante de la ética y la moral. De los horrores de la guerra surgió un consenso que reclamaba formas para proteger a la humanidad y, en particular, para resguardar a los ciudadanos de los crímenes atroces que sus propios gobiernos podían cometer contra ellos.

Enfrentada con la brutalidad del inmenso sufrimiento humano, la comunidad internacional realizó un esfuerzo esmerado para intentar llegar a una nueva visión del mundo, que surgía de una ideología basada en la libertad, la justicia y la igualdad. Una visión definida por principios que luego se transformarían en el lenguaje común para toda la humanidad… “la dignidad humana de todo individuo” (RIOS KOHN, Rebeca, Vivir libre de pobreza es un DDHH. Publicado en revista del CGPJ de España. 1999. pág.96)

El recientemente fallecido ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas (1997) , manifestó su esperanza de que ninguna persona debería ser privada de su libertad, ni condenada a sufrir hambre, ni ser despojada de su dignidad humana, como sucedió en su caso.

Resulta muy importante tener en cuenta esta apreciación del Premio Nobel de la Paz porque los principios de los derechos humanos son de escaso valor para los que se enfrentan a diario con la brutalidad y privaciones propias de la pobreza. En pocas palabras, los derechos fundamentales de primera generación como la libertad, la vida, etc. se convertirían en utopía y mera retórica ante la imposibilidad de ejercerlos por la situación de pobreza.

EI tratadista Carlos Villán Durán de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sintetizado los principios básicos del derecho al desarrollo, a saber: deber de solidaridad, justicia social, interdependencia económica del mundo, mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y el deber moral de reparación de los países ricos a los subdesarrollados.

En pocas palabras, hoy nadie puede dudar que si una persona no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas, por no poder acceder a los servicios de salud, a la educación, ni al agua potable, tiene posibilidades muy remotas de obtener empleo o participar en la vida comunitaria. Pero aún más, se la priva del derecho de participar activamente en la toma de decisiones que todo sistema republicano le otorga (art. 1° Constitución Nacional), corriendo alto riesgo de que por su estado de necesidad pueda ser manipulado políticamente,

La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) nos trae a la memoria que: «Todo el mundo tiene derecho a gozar de un nivel de vida aceptable para la salud y el bienestar propios y de la familia,que incluya alimentos, vestimenta, vivienda, atención médica y los servicios de salud necesarios.»

Doctrinariamente se discute si ese derecho humano (al desarrollo) debe enmarcarse en el llamado “derecho de los pueblos” y por lo tanto ellos -las naciones- son quien deben administrarlos o en cambio, son derecho individuales y universales que pertenecen a cada uno de nosotros, individualmente (valga la redundancia) amén de la obligación que tienen los Estados que deben protegerlos.

Como lo he señalado en reiteradas oportunidades en este y otros medios, me inclino sin dudas por la segunda de las hipótesis, porque considero que los relativismos culturales deben ceder a los DDHH de cada uno de nosotros. El conjunto no puede estar por encima -en este caso- de la persona y fijar a su arbitrio el cómo y cuándo se hacen efectivos esos derechos.

Por lo tanto le asiste a cada uno de nosotros el derecho a exigir el cumplimiento inmediato de la satisfacción de las necesidades primarias porque es la base del goce de los demás derechos básicos, como por ejemplo los políticos, claro está cuando el Estado cuenta con esos recursos y su insuficiencia se debe a malas políticas o a problemas de distribución, aspiración que desde luego no podrá lograrse en países sin recursos e inmensamente poblados como sucede en algunos de Africa, siendo allí, en donde la Comunidad Internacional, debe asistir en forma inmediata a esas naciones.

Pero aún, si se presentara alguna duda al respecto, la respuesta al interrogante lo da la misma normativa que nace de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU de 1986. Allí se establece en su art. 2 que “la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser participante activo y beneficiario del mismo”, no los estados.

Expuesto el tema, cabe concluir señalando que las normas internacionales -supra estatales- (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), obligan a cada país y en consecuencia a sus gobiernos, a considerar que la erradicación de la pobreza no puede enmarcarse globalmente como en simple derecho en construcción, sino en una política de estado que otorgue una respuesta inmediata a una necesidad urgente de todas y cada una de las personas, única forma que puedan ejercer plenamente los Derechos Humanos primarios consagrados en los textos constitucionales, política que por supuesto debe trascender al mero asistencialismo.

(1) Abogado. Especialista en la enseñanza de la Educación Superior. Licenciado en Gestión Educativa. Profesor Universitario. Becario de la Escuela Judicial Española ., Asesor internacional para asuntos penales de la Asociación de Magistrados de la República de  Honduras. (De nuestra redacción).

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