El 46% de la totalidad de mujeres alojadas en todos los establecimientos penitenciarios del país han llegado tras las rejas por sus vínculos con el tráfico y la comercialización de drogas. El dato surge del informe “Narcocriminalidad y perspectiva de género” que elaboró la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y que apunta a servir como “una herramienta para la práctica de las y los operadores judiciales, brindando instrumentos jurídicos y casos concretos que sirvan para la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque interseccional en la persecución, investigación y juzgamiento de hechos vinculados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y delitos conexos”.

El informe, de 86 páginas y dado a conocer en la página web fiscales.gob.ar cuenta con varios cuadros demostrativos de la problemática abordada y se sostiene que ese alto índice de mujeres presas por delitos ligados a la narcocriminalidad “puede darse en circunstancias de vulnerabilidad que generan las condiciones para que ellas accedan al mercado ilegal, muchas veces como único medio de supervivencia o introducidas a la fuerza”.

El informe es el resultado del “Programa de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres e Integración de los enfoques de género en la actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y su Política Criminal” (Ley Micaela) que dispone la implementación gradual de la perspectiva de género y la consideración primordial de los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

A lo largo del documento “se abordan temas que constituyen un recurso de relevancia para identificar, comprender y abordar los problemas que se presentan cuando las mujeres, trans y travestis se encuentran involucradas en el tráfico ilícito de drogas”. En ese sentido, el informe detalla y sistematiza la normativa y los estándares internacionales, regionales y nacionales para atender estas problemáticas. Y remarca “la necesidad de incorporar la perspectiva de género, que considera fundamental e indispensable para un eficaz enjuiciamiento de los responsables de las maniobras narcocriminales”.

En la primera parte del trabajo se desarrollan algunas definiciones relevantes y se detalla el marco normativo que regula el tráfico ilícito de drogas y la protección de derechos de las mujeres, mujeres trans y travestis. Entre las normas y disposiciones que exigen deberes jurídicos específicos, se destaca la incorporación de la perspectiva de género en el desempeño del sistema de Justicia, en tanto parte del Estado Nacional.

También se describe el proceso de transversalización del enfoque de género en las políticas de drogas a nivel internacional y regional, y se detallan los instrumentos que plantean obligaciones o recomendaciones específicas al respecto. Se trata del proceso de incorporación progresiva del enfoque de género en los instrumentos jurídicos del sistema de protección internacional de derechos humanos, que incluye al cuerpo normativo que regula el tráfico de drogas, tanto en los programas y convenciones del sistema internacional (de la Organización de las Naciones Unidas) como del interamericano (en la Organización de los Estados Americanos).

Luego, el documento presenta una serie de ejes problemáticos detectados cuando esta población vulnerada se encuentra involucrada en esas actividades ilícitas junto con los desafíos y exigencias que estos problemas significan para el sistema de administración de Justicia, tomando como ejemplo algunos casos paradigmáticos.

En la tercera parte, se plantean las conclusiones surgidas del análisis de los casos y de la evaluación de las herramientas disponibles para la acción. A su vez, se exponen propuestas para revisar y modificar las prácticas judiciales que criminalizan de forma desigual y desproporcionada a las mujeres, trans y travestis que participan en actividades del mercado del tráfico ilícito de drogas, por razones de género y sexualidad, entre otros aspectos.

Por último, de forma complementaria, el informe contiene un anexo final, en el que se arrojan datos estadísticos sobre los procesos de encarcelamiento por delitos relativos al tráfico ilícito de drogas en Argentina, en el que muestra el alcance de la respuesta penal y el impacto diferencial de la política de drogas sobre determinados grupos.

Vulnerabilidad

El informe advierte que la participación de las mujeres en actividades ilícitas vinculadas a drogas puede darse en circunstancias de vulnerabilidad _socio económica, afectiva, psíquica, etc._ que generan las condiciones para que ellas accedan al mercado ilegal, muchas veces como único medio de supervivencia o introducidas a la fuerza, como en el caso de las víctimas de trata de personas.

En este sentido, el informe analiza la intervención del sistema de Justicia Penal en los escenarios problemáticos, como pueden ser: situaciones de ingesta de estupefacientes; delitos de drogas cometidos por mujeres víctimas de trata de personas, también debido a contextos de extrema vulnerabilidad económica y/o de problemáticas familiares; víctimas de violencia de género imputadas por delitos de drogas, así como por situaciones de engaño y/o coacción; imputaciones sin demostración efectiva de la participación en la acción ilícita, que han recibido la denominación “mujeres de las circunstancias”; mujeres trans o travestis imputadas por delitos de drogas; problemas relativos al acceso a la prisión domiciliaria; y finalmente aquellas situaciones en las que se encuentran las mujeres extranjeras privadas de su libertad que no residen en Argentina.