Las declaraciones de los funcionarios nacionales de la administración de Alberto Fernández acerca de las desconocidas implicancias y actividades de los 14 venezolanos y cinco iraníes que están bajo investigación de la Justicia Federal y que viajaban a borde de una nave Boeing 747-300M, de la empresa venezolana Emtrasur, que se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, son increíblemente livianas teniendo en cuenta el delicado contexto internacional en que se ha producido el extraño hecho denunciado por la oposición en la Argentina.

Uno de los funcionarios nacionales con mayor responsabilidad en el ámbito internacional es el embajador Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (AIEA), quien observa cómo los iraníes elevan todas las apuestas para poner en coma al acuerdo firmado entre las potencias militares mundiales y el gobierno de la República Islámica.

El pasado martes 7 de Junio comenzó el debate en Viena, que se extendió durante toda la semana, por el programa nuclear “avanzado como nunca antes y con actividades sin justificación civil creíble” de Irán, denunciado por los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido que solicitaron “con vehemencia al gobierno de Irán que pare su escalada y cierre con urgencia el acuerdo que hay encima de la mesa”, en referencia a las negociaciones para sacar del letargo el pacto de 2015 que regulaba el programa nuclear impulsado por el régimen de los ayatolás y lo intentaba conducir hacia fines civiles y pacíficos.

Mientras que China y Rusia, firmantes del acuerdo del 2015 junto a los Estados Unidos que bajo la presidencia de Donald Trump retiró a su nación del acuerdo en 2018 señalando las insuficiencias de los acuerdos establecidos, advirtieron que presionar a través de resoluciones podría “obstaculizar el proceso de negociaciones”.

Esta tensión diplomática ha sumado un nuevo capítulo en la Argentina con el arribo del avión venezolano-iraní y la tendencia de funcionarios kirchneristas para estar cerca de estos dos gobiernos que desafían la precaria seguridad internacional.

En el fondo se discute la mejor manera para que Irán no se convierta en una potencia atómica que para muchos analistas ha tomado la senda de Corea del Norte y según el ex vicecanciller Roberto García Moritán “es necesario frenar porque no es tolerable para la estabilidad mundial que un Estado que sigue patrocinando el terrorismo internacional cuente, además, con medios militares de destrucción masiva”.

Por su parte, Irán, desmiente que el programa tenga fines militares, criticó la iniciativa en la OIEA como "no constructiva" y prometió una respuesta "inmediata" a lo que entiende como una “acción política”.

En ese sentido, su respuesta fue la opacar aún más la actividad de los monitoreados científicos iraníes.

El reciente 9 de junio, Irán desmanteló 27 cámaras de vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en diferentes instalaciones nucleares en la República Islámica. El diplomático argentino Rafael Grossi precisó que se trata de instalaciones situadas en Teherán, Isfahan y Natanz, ésta última donde se encuentra una gran planta de enriquecimiento de uranio, un material de posible doble uso, civil y militar.

El analista y ex secretario de seguridad nacional, Miguel Ángel Toma, señaló “…además, anunciaron que instalarán nuevas centrifugadoras IR 6 en su planta nuclear de Natanz”.

Las centrifugadoras atómicas sirven para separar el uranio que se extrae de las minas que no sirve en su totalidad para el uso nuclear. El experto Manuel Lozano Leyva de la Universidad de Sevilla explicó, “en la tierra el uranio es una mezcla sólida de dos tipos. El uranio 235 y el 238. Los iraníes usan la técnica de centrifugado, primero se pasa todo el uranio a modo gaseoso, mediante un proceso químico, y se mete en una centrifugadora. Ahí es donde el uranio 238, más pesado, comienza a girar en la periferia, al tiempo que el 235, más ligero, queda más al centro. Y es entonces cuando se captura el que se busca: el 235”.

Asesinatos, envenenamientos, contrabando y blacklist en un peligroso juego de espías

La escala de amenazas latentes e implícitas del régimen persa se potenció tras el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, el 3 de enero de 2020 por un ataque con drones de las fuerzas estadounidenses que operan en la región de Medio Oriente. Era un alto mando militar iraní, comandante de las Fuerza Quds, brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), responsable de llevar adelante el programa atómico y misilístico de Teherán, cuyo gobierno, consideraba un héroe en vida, mientras que los Estados Unidos, lo acusaba de la muerte de cientos de sus ciudadanos.