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title: "Proponen que Rafaela se adhiera al nuevo decreto nacional sobre derechos de autor en ámbitos privados"
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description: "Concejales de distintos bloques impulsaron una ordenanza para que la Municipalidad se sume formalmente al Decreto 765/2024, que redefine el concepto de “ejecución pública” y exime del pago de cánones en reuniones privadas."
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date_published: "2025-03-11T08:30:00-03:00"
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# Proponen que Rafaela se adhiera al nuevo decreto nacional sobre derechos de autor en ámbitos privados

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Un grupo de concejales de Rafaela presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio se adhiriera oficialmente al Decreto Nacional N.º 765/2024, que introduce cambios significativos en la interpretación de los derechos de autor vinculados a la reproducción musical y audiovisual.

La iniciativa fue impulsada por ediles de Juntos por el Cambio (Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino y Augusto Rolando) y de Unidos para Cambiar Santa Fe (Cada Boidi, Lisandro Mársico y Mabel Fossatti), y busca que la Municipalidad reconozca y aplique los nuevos criterios establecidos a nivel nacional.

Según el decreto, ya no se considera “ejecución pública” aquella reproducción que se realiza en ámbitos privados, ya sean de uso permanente o temporal, lo que implica que no se deberá abonar canon alguno a las sociedades gestoras de derechos por este tipo de situaciones. Esto incluye reuniones familiares, festejos, eventos sociales a domicilio o incluso ubicaciones privadas alquiladas para celebraciones.

Asimismo, se establece que no se exigirá pago alguno por usos ocasionales con multas didácticas o conmemoraciones patrióticas en establecimientos educativos oficiales o autorizados por el Estado.

El proyecto también contempla que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá difundir y garantizar el cumplimiento de esta normativa, promoviendo la información clara hacia comercios, organizadores de eventos y la comunidad en general.

De aprobarse esta ordenanza, Rafaela se sumará formalmente al nuevo marco normativo, que apunta a limitar los abusos en el cobro de derechos por parte de entidades de gestión, ajustando la legislación a una interpretación más precisa del uso privado de obras musicales y audiovisuales.

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