---
canonical_url: "https://rafaelainforma.com/contenido/28413/cara-la-jodita-el-gobierno-empezo-a-cobrar-a-familias-por-amenazas-a-escuelas"
title: "“Cara la jodita”: el Gobierno empezó a cobrar a familias por amenazas a escuelas"
article_type: "Article"
description: "La primera intimación supera los 6 millones de pesos y forma parte de un esquema para recuperar los costos de los operativos."
main_image: "https://rafaelainforma.com/download/multimedia.grande.b057b8abc3f5f0e8.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-04-28T08:00:00-03:00"
date_modified: "2026-04-27T21:08:50-03:00"
tags:
  - "amenazas"
  - "Cobro"
  - "escuelas"
author_name: "Redacción"
author_url: "https://rafaelainforma.com/usuario/2/redaccion"
category_name: "Provinciales"
category_url: "https://rafaelainforma.com/categoria/6/provinciales"
---

# “Cara la jodita”: el Gobierno empezó a cobrar a familias por amenazas a escuelas

El Gobierno de Santa Fe dio un paso inédito en el abordaje de las amenazas a escuelas: comenzó a notificar a las familias de los responsables para que asuman el costo de los operativos desplegados ante cada alerta.

La primera intimación ya fue entregada y asciende a 6.024.944 pesos, dirigida a los padres de un menor señalado como autor de una de las amenazas. Al recibir la notificación, el padre reaccionó con una frase que rápidamente se viralizó: “cara la jodita”.

La medida forma parte de una estrategia impulsada desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, que apunta a trasladar el costo económico de estos hechos a quienes resulten responsables, en lugar de que recaiga sobre el Estado.

Según se informó, ya hay 58 episodios identificados y más de 70 personas involucradas, entre autores directos y adultos responsables. A medida que se confirmen las identidades, se irán enviando nuevas intimaciones.

El mecanismo establece un plazo de cinco días para abonar el monto reclamado. En caso de incumplimiento, la deuda puede avanzar por vía judicial, con posibilidad de embargos o inhibiciones.

Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de una sanción penal, sino de una acción civil para recuperar los recursos utilizados en cada intervención. Los montos se calculan en función del despliegue realizado: móviles, combustible, personal policial y brigadas especializadas.

Las estimaciones oficiales indican que el total a recuperar por los casos ya detectados podría superar los 250 millones de pesos, una cifra que podría seguir creciendo si se suman nuevos hechos.

La decisión busca generar un efecto disuasivo frente a una problemática que en los últimos meses generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a desplegar operativos en distintos puntos de la provincia.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.