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title: "Construir una vivienda en Argentina: casi la mitad del costo se va en impuestos y cargas sociales"
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description: "Un estudio privado advierte que la presión fiscal y previsional representa el 48,92% del precio final de una obra. El sector también marca como problema central la falta de financiamiento para construir y comprar viviendas."
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date_published: "2026-07-04T09:00:00-03:00"
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  - "Construcción"
  - "Economía"
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category_name: "Economía"
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# Construir una vivienda en Argentina: casi la mitad del costo se va en impuestos y cargas sociales

Construir una vivienda en Argentina no solo implica afrontar el costo de materiales, mano de obra y terreno. También supone cargar con una fuerte presión impositiva y previsional que termina teniendo un peso decisivo en el valor final de la obra.

Según un estudio elaborado en mayo de 2026 por los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir, casi la mitad del precio final de construcción de una vivienda corresponde a impuestos y aportes a la seguridad social. El informe tomó como referencia una vivienda unifamiliar estándar de 130 metros cuadrados y consideró un escenario de cumplimiento pleno de todas las obligaciones legales de la cadena.

El resultado es contundente: el 48,92% del precio final de la obra se explica por la carga tributaria y previsional. Traducido a valores concretos, sobre un costo estimado de $1.940.454 por metro cuadrado, alrededor de $949.358 corresponden a impuestos, aportes y cargas sociales.

Con información de El Litoral, el trabajo expone cómo esa “carga silenciosa” del Estado termina incidiendo directamente en los costos de construcción y en la formación de precios del mercado inmobiliario, en un contexto donde además escasea el financiamiento para desarrollar obras y acceder a una vivienda.

El componente más pesado es el previsional y de seguridad social, que representa el 26,7% del precio final de la obra. En otras palabras, una parte muy importante de lo que se paga por mano de obra no llega de manera directa al trabajador, sino que se destina al sistema de aportes y contribuciones.

A ese peso se suman los impuestos nacionales, que explican el 15,44% del precio final. Allí se destacan el IVA, con una incidencia del 9,85%, y el Impuesto a las Ganancias, con el 4,24%.

Los tributos provinciales y municipales también tienen un impacto considerable: representan el 6,78% del precio final. Dentro de ese grupo aparece con fuerza Ingresos Brutos, que genera un efecto acumulativo a lo largo de toda la cadena. Aunque la alícuota promedio nominal es del 2,34%, su incidencia efectiva llega al 5,42% sobre el precio neto de la construcción.

El informe también analiza qué ocurre con la compra del terreno y la posterior comercialización de la vivienda. En el caso de una persona física que compra un lote y contrata una empresa para construir, solo la adquisición, escrituración y tenencia anual del terreno implica una carga equivalente al 9,3% del valor de compra. Si luego vende la casa terminada, la operación suma otro costo impositivo del 3,93% del valor de escrituración.

Para una empresa desarrolladora, el esquema también es pesado. La compra y escrituración del terreno representa una carga fiscal del 7,80%, mientras que la venta posterior de la unidad construida al consumidor final agrega otro 6,32%.

Al mirar toda la cadena completa, desde la compra de la tierra hasta la construcción y venta de la unidad, el estudio concluye que el costo tributario y previsional global alcanza el 41,71% del valor total que paga el comprador.

Este dato refleja una de las principales trabas del mercado inmobiliario: cualquier intento de bajar el precio de las viviendas choca con una estructura de costos donde el Estado ocupa una porción muy elevada. Según el análisis, si esa carga no existiera y el ahorro se trasladara al comprador, el precio final podría reducirse de manera muy significativa.

A la presión fiscal se suma otro problema: la falta de financiamiento. Desde la Cámara Argentina de la Construcción advierten que los bancos tienen dificultades para fondear créditos de largo plazo, mientras que los desarrolladores no cuentan con líneas suficientes para lanzar nuevos proyectos en volumen.

Del lado de la demanda, el crédito hipotecario sigue siendo limitado y restrictivo. Muchos potenciales compradores no califican bajo los estándares actuales, y las cuotas deben competir con alquileres y salarios que no siempre acompañan el valor de las propiedades.

Frente a este escenario, Camarco propuso un esquema de securitización de hipotecas sin subsidios directos del Tesoro ni impacto sobre el déficit fiscal. La idea consiste en que los bancos originen créditos hipotecarios, los agrupen en títulos y los vendan a inversores institucionales para generar nuevo fondeo.

La propuesta contempla utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y del Fondo de Asistencia Laboral para comprar hipotecas securitizadas y así ampliar el financiamiento disponible.

En el encuentro BATEV 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó abierta una puerta a ese tipo de mecanismo y planteó que el sector privado podría armar grandes fondos hipotecarios o inmobiliarios. Según sostuvo, el Estado podría reforzarlos con recursos del FGS, organismos multilaterales o esquemas público-privados.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa dos problemas que condicionan al sector: construir es caro por la presión fiscal, pero también porque falta crédito de largo plazo. Sin resolver ambos puntos, el acceso a la vivienda seguirá siendo una meta cada vez más difícil para buena parte de la clase media.

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