Prisión preventiva para Brian Mendoza por 90 días tras un incidente violento en Rafaela

El juez de Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, dictó prisión preventiva por un lapso de 90 días para Brian Mendoza, tras los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en el barrio Zazpe de Rafaela. Según lo expuesto en la audiencia por el fiscal Juan Manuel Puig, Mendoza llegó al lugar acompañado por un grupo de motociclistas, supuestamente vinculados a una empresa dedicada a cobranzas, con el objetivo de recuperar una moto que se presumía robada.

El incidente comenzó alrededor de las 13:30, cuando el grupo irrumpió frente a una vivienda en calle Peterlín, haciendo ruidos con sus motos y generando intimidación. La propietaria de la casa, atemorizada, permitió que dos de ellos ingresaran al domicilio en una suerte de inspección no autorizada. Mendoza, descrito como el más exaltado del grupo, habría extraído luego un arma de fuego, similar a las utilizadas por las fuerzas policiales, y amenazado a los presentes.

La situación se agravó cuando Mendoza, al identificar a quien sospechaba era el autor del robo de la moto, decidió perseguirlo. El supuesto ladrón intentó refugiarse en el vehículo del abogado penalista Carlos Farías Demaldé, quien planeaba trasladarlo a la sede policial para ponerlo a disposición de la Justicia. Mendoza, en motocicleta, persiguió al auto mientras profería amenazas y simulaba ser miembro de la policía. Incluso llegó a apuntar con el arma y exigir que detuvieran el vehículo.

Durante la audiencia, se presentaron pruebas como registros de cámaras de seguridad y el testimonio de las víctimas, incluido el Dr. Farías Demaldé, quien detalló las amenazas sufridas y cómo logró reconocer a Mendoza días después en una comisaría. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta utilizada por Mendoza, aunque el empleador de este intentó obstruir la acción judicial al retirar el vehículo del lugar.

El juez Bottero demostró que las pruebas presentadas en esta etapa de la investigación son suficientes para sostener la participación de Mendoza en los hechos. También estimó que la pena esperada sería de cumplimiento efectivo y señaló el riesgo que implicaría dejarlo en libertad, dada su conducta intimidatoria y su aparente intento de resolver conflictos al margen de la ley.

Con esta medida, se busca garantizar la seguridad de las víctimas y el correcto desarrollo del proceso judicial, mientras el fiscal Puig avanza en la investigación del caso.