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La medida cautelar fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa. El imputado tiene 61 años y sus iniciales son AEM. “La Defensa argumentó que estaban prescriptos la mayoría de los hechos ilícitos que se le atribuyeron al hombre investigado, pero el magistrado no hizo lugar al planteo”, valoró el fiscal.

La audiencia de apelación se desarrolló este lunes en Rafaela ante los jueces Sergio Alvira, Cristian Fiz y Fabio Mudry. Mientras la defensa solicitó una reducción de la condena de 23 años, la Fiscalía, el abogado querellante Carlos Luis Farías Demaldé y los familiares de la víctima pidieron confirmar el fallo.

La medida fue dispuesta por una jueza a pedido de la Fiscalía. La investigación sostiene que el imputado habría agredido sexualmente a la víctima aun cuando ella se negó a mantener relaciones por temor a contraer una enfermedad de transmisión sexual.

La Justicia ordenó mantener detenidos a dos hombres investigados por un ataque a tiros contra una vivienda del barrio Mora y a otras cinco personas acusadas de comercializar estupefacientes al menudeo. Las resoluciones fueron adoptadas por el juez Javier Bottero en distintas audiencias.

La medida fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. La imputada deberá cumplir estrictas condiciones, entre ellas permanecer bajo el cuidado de un guardador distinto de su madre y no mantener contacto con los demás acusados.

La resolución fue adoptada este jueves en una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela. El fiscal Juan Manuel Puig y el abogado defensor José María Silvela acordaron una serie de condiciones que el acusado deberá cumplir para permanecer en libertad.

María Silvina Asís fue hallada culpable de múltiples delitos cometidos mientras ejercía funciones policiales en Frontera y Josefina. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación absoluta por 20 años para desempeñarse en la fuerza.

La Justicia ordenó que permanezca detenido mientras avanza la investigación. El arma fue encontrada durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones y estaba lista para ser utilizada.

La Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar contra un hombre de 45 años investigado por un grave hecho ocurrido en un local comercial de Rafaela. El juez rechazó los planteos de la defensa y respaldó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El juez desestimó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y dispuso que los imputados continúen el proceso bajo estrictas medidas alternativas. Deberán fijar domicilio, presentarse periódicamente ante las autoridades y cumplir prohibiciones de contacto y portación de armas mientras avanza la investigación.

En una audiencia realizada en Rafaela, la Fiscalía y la defensa acordaron la aplicación de restricciones mientras avanza la investigación. Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercamiento y contacto con las presuntas víctimas y la obligación de presentarse diariamente en sede policial.

La Fiscalía Regional de Rafaela confirmó la desestimación de una investigación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público. La resolución rechazó el planteo impulsado por la querella y sostuvo que la acción penal se encontraba prescripta.

Está imputado por un hecho ocurrido en una vivienda donde una familia fue amenazada y despojada de dinero en efectivo. Tras revisar la prisión preventiva, un juez dispuso su liberación bajo estrictas medidas de conducta mientras avanza el proceso penal.

La medida fue dispuesta por 60 días. La Fiscalía sostuvo que la imputada participaba activamente de la comercialización de estupefacientes en una vivienda allanada en dos oportunidades, mientras que la defensa pidió su libertad bajo reglas de conducta.

La Fiscalía había solicitado revocar el beneficio y trasladar a ambos imputados a una unidad penitenciaria por presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas. Sin embargo, el juez Nicolás Stegmayer consideró que no existían elementos suficientes para agravar su situación procesal y resolvió mantener la prisión preventiva domiciliaria.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de un joven investigado por comercializar marihuana en Ambrosetti. Durante un allanamiento secuestraron droga, dinero, celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

La Justicia confirmó las penas de seis años y seis meses de prisión para dos hermanas que atacaron brutalmente a una mujer en plena vía pública. La víctima sobrevivió gracias a la intervención de vecinos y a la rápida asistencia médica.

La Justicia rechazó un pedido de revisión de la prisión preventiva presentado por la defensa de Luis Andrés Alassia. El hombre continuará detenido mientras avanza una causa vinculada a hechos de violencia familiar y de género.

El imputado admitió su responsabilidad en ocho hechos investigados por la Justicia y aceptó una pena de cuatro años de prisión efectiva. Entre los casos atribuidos figura el violento robo a un vecino al que le sustrajeron 40 mil dólares tras golpearlo dentro de su vivienda.

El juez Nicolás Stegmayer dispuso medidas alternativas a la prisión para Lisandro Daniel Oroná, uno de los imputados por los graves incidentes ocurridos frente a la dependencia policial. El mismo estuvo representado por el Dr. Juan B. Degiovanni Los otros cinco acusados continúan detenidos.

La Cámara Contencioso Administrativa declaró ilegítima la sanción aplicada a Lorena Belmonte Baronetti, cuestionó el sumario impulsado por la Comuna y dispuso su regreso al cargo. También ordenó el pago de salarios caídos. Las denuncias penales que originaron parte del conflicto aún no tienen una definición pública.

La audiencia se realizó este jueves en los tribunales de Rafaela. El fiscal Pedro Ignacio Machado atribuyó a Hugo Alberto Barrientos los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, lesiones leves dolosas y portación ilegítima de arma de fuego. La defensa está a cargo del abogado José María Silvela.