Judiciales

La audiencia se realizó este miércoles por la mañana en los Tribunales de Rafaela, ante el juez Javier Bottero. El fiscal Martín Castellano le atribuyó haber atacado con un cuchillo a Juan Manuel I. dentro de una vivienda de calle Anduiza al 700. La defensa estuvo a cargo de la defensora pública Amalia Cassina.

El juez de segunda instancia Matías Drivet ratificó dos resoluciones del juez Javier Bottero en una audiencia de apelación realizada en Rafaela. La defensa había cuestionado la prisión preventiva y pidió una medida domiciliaria por razones de salud; Fiscalía y querella se opusieron. El magistrado ordenó reiterar un oficio al Servicio Penitenciario para garantizar el abordaje sanitario del imputado.

La audiencia se realizó este lunes en Rafaela ante el juez Nicolás Stegmayer. La defensa, a cargo de Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni, pidió medidas alternativas para tres acusados. El fiscal Juan Manuel Puig se opuso y solicitó mantener las prisiones preventivas. Finalmente, dos recuperaron la libertad con restricciones, recordar que, uno de los acusados ya se encontraba en libertad.

El efectivo policial,  recuperó la libertad tras una audiencia realizada en la Oficina de Gestión Judicial. Está acusado de amenazas calificadas y simples contra su expareja. Deberá vivir en Recreo, firmar semanalmente, no portar armas, no acercarse a la víctima y tiene prohibido ingresar a Rafaela sin autorización judicial.

La Justicia ordenó la cautelar contra un imputado de 26 años, investigado por amenazas y por incumplir una medida judicial que le prohibía acercarse y hostigar a la víctima. La fiscalía sostuvo que los riesgos procesales seguían vigentes.

Facundo Joaquín Sánchez y Joaquín Luciano Chaves están imputados en una causa por robo calificado en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de fuego. El juez Cristian Fiz hizo lugar a la apelación de la defensa, aunque la salida quedó condicionada a la verificación de los domicilios ofrecidos y la aceptación de los guardadores.

El juez Nicolás Stegmayer hizo lugar al planteo del abogado Juan Bautista Degiovanni y reemplazó la prisión preventiva por medidas alternativas. Ramírez deberá internarse por adicciones, mientras continúa ligado a una de las causas más grandes por narcomenudeo en Rafaela..

Darío Urán y Daiana Ramírez estaban detenidos desde abril, tras un allanamiento realizado en una vivienda investigada como presunto punto de venta de estupefacientes. La Justicia dispuso medidas alternativas mientras continúa el proceso.

El condenado era pareja de la madre de la víctima y reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. Los abusos ocurrieron durante 2024, en un contexto de convivencia familiar.

La Justicia prorrogó la prisión preventiva para un hombre y una mujer investigados por tener un arma con la numeración suprimida y estupefacientes presuntamente destinados a la comercialización. La medida regirá durante todo el proceso y hasta el juicio oral.

La sentencia fue dictada en los tribunales de Rafaela al término de un juicio oral. La mujer fue hallada responsable por hechos cometidos con un arma de fuego, uno de los cuales dejó a una persona herida.

Los abogados del empresario imputado sostuvieron que su estado de salud requería una medida menos gravosa. Presentaron certificados médicos, un certificado de discapacidad y plantearon la necesidad de controles periódicos, tratamiento y acompañamiento.

Se trata de E. N. T., acusado en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. La defensa, a cargo de Carlos Farías Demalde y Germán Verna, había pedido morigerar la prisión preventiva por razones de salud, pero el juez Javier Bottero rechazó el planteo.

La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre de 46 años y dispuso la privación cautelar de la libertad de su hijo adolescente. Ambos están acusados de atacar a la víctima dentro de una escuela de barrio Villa Dominga.

La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin a pedido de la fiscal Lorena Korakis. El imputado, de 31 años, está acusado de cometer distintos hechos contra la propiedad durante el viernes y sábado pasados.

La Fiscalía había pedido extender la prisión preventiva por 60 días, pero el juez Gustavo Bumaguin dispuso la libertad de los dos imputados, con obligación de presentarse todos los días ante la comisaría, fijar domicilio y no portar armas.

La Cámara confirmó por unanimidad la condena impuesta al hombre de 60 años por el crimen de su esposa, cometido en octubre de 2022. Los jueces rechazaron los planteos de la Defensa y avalaron la investigación encabezada por el fiscal Martín Castellano.

La solicitud fue impulsada por la defensa, pero la Fiscalía y la querella se opusieron. El juez hizo lugar a esos planteos y el condenado continuará cumpliendo prisión domiciliaria.

La medida cautelar fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa. El imputado tiene 61 años y sus iniciales son AEM. “La Defensa argumentó que estaban prescriptos la mayoría de los hechos ilícitos que se le atribuyeron al hombre investigado, pero el magistrado no hizo lugar al planteo”, valoró el fiscal.

La audiencia de apelación se desarrolló este lunes en Rafaela ante los jueces Sergio Alvira, Cristian Fiz y Fabio Mudry. Mientras la defensa solicitó una reducción de la condena de 23 años, la Fiscalía, el abogado querellante Carlos Luis Farías Demaldé y los familiares de la víctima pidieron confirmar el fallo.

La medida fue dispuesta por una jueza a pedido de la Fiscalía. La investigación sostiene que el imputado habría agredido sexualmente a la víctima aun cuando ella se negó a mantener relaciones por temor a contraer una enfermedad de transmisión sexual.

La Justicia ordenó mantener detenidos a dos hombres investigados por un ataque a tiros contra una vivienda del barrio Mora y a otras cinco personas acusadas de comercializar estupefacientes al menudeo. Las resoluciones fueron adoptadas por el juez Javier Bottero en distintas audiencias.

La medida fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. La imputada deberá cumplir estrictas condiciones, entre ellas permanecer bajo el cuidado de un guardador distinto de su madre y no mantener contacto con los demás acusados.