Santiago Andrés M., imputado por vehículos incendiarios, agredir a su pareja y atacar a policías, fue liberado bajo medidas restrictivas tras una audiencia judicial. El juez consideró que los riesgos procesales podían neutralizarse sin necesidad de mantener la prisión preventiva.
Judiciales23/12/2024
Redacción
Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, tuvo lugar una audiencia clave para revisar la prisión preventiva de Santiago Andrés M., quien enfrenta graves acusaciones por múltiples delitos, entre ellos robo, incendio y resistencia a la autoridad, en un marco de violencia de género. El juez a cargo, Dr. Javier Carlos Bottero, escuchó las posturas del fiscal Juan Manuel Puig y del abogado defensor Juan Manuel Lovaiza para decidir si se mantenía o modificaba la medida que pesa sobre el imputado desde octubre pasado.
El fiscal Puig sostuvo la necesidad de prolongar la prisión preventiva argumentando que persistían riesgos procesales. Entre ellos, mencionó la posible influencia sobre los testigos que deberán declarar en el juicio y la gravedad de los hechos ocurridos, los cuales fueron perpetrados con extrema violencia. Además, indicó que ya se había presentado la acusación formal con un pedido de pena de cinco años de prisión para el acusado.
Por otro lado, la defensa de Santiago M. planteó que los 60 días iniciales de prisión preventiva, cuyo vencimiento se acercaba, eran más que medidas suficientes para resolver el caso o adoptar alternativas. Lovaiza destacó que durante el tiempo transcurrido no se sumaron nuevas pruebas y que su cliente había cumplido con el compromiso de iniciar un tratamiento contra las adicciones desde el día posterior a la primera audiencia, lo que demuestra, según afirmó, su voluntad de cambio. Solicitó que se otorgue la libertad bajo condiciones restrictivas y que se continúe con el tratamiento en curso.
El juez Bottero, tras analizar los argumentos, resolvió reemplazar la prisión preventiva por medidas menos graves, considerando que no se presentó evidencia nueva que modificara sustancialmente la situación procesal. Entre las condiciones impuestas al acusado se encuentran la obligación de establecer domicilio fijo, la supervisión mensual por parte de su padre, la prohibición absoluta de acercarse a las víctimas y testigos, y la presentación semanal en la comisaría. Además, deberá mantener el tratamiento contra las adicciones y acreditar periódicamente su avance.
Los hechos que llevaron a esta causa ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando, tras una discusión con su pareja, Santiago M. la agredió esencialmente, robó bienes del domicilio y, horas después, regresó para causar destrozos e incendiar tres vehículos en las cercanías. . Durante su captura, protagonizó un violento enfrentamiento con agentes policiales, resultando varios de ellos lesionados. Estos episodios se enmarcan en una situación de violencia de género sostenida hacia su pareja, lo que agrava las circunstancias del caso. Ahora, con las nuevas disposiciones, el proceso judicial continúa mientras se evalúa su conducta bajo las condiciones impuestas.
El violento ataque ocurrió en Rafaela, donde un joven de 24 años intentó matar con un cuchillo al conviviente de su madre. La víctima sobrevivió de milagro. La Justicia ordenó su detención por 60 días mientras se determina si es imputable.
Walter Ezequiel Onieva fue hallado culpable de cometer aberrantes delitos sexuales contra tres menores de su entorno familiar en la ciudad de Reconquista.
El hecho ocurrió el viernes por la noche en una vivienda interna de calle Córdoba. La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca y debió ser hospitalizada. RAFAELA INFORMA, dio cuenta del hecho.
Tiene 21 años y sus iniciales son DJS. Las víctimas son un hombre y una mujer que son pareja y que estaban durmiendo en una vivienda ubicada en Luis Maggi al 1.900. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano.
La medida fue dispuesta por el juez penal Nicolás Stegmayer, a pedido de la defensa. El fiscal Juan Manuel Puig se opuso.
La audiencia se realizó en los tribunales de Rafaela. El juez dispuso medidas alternativas a la prisión. La defensa estuvo a cargo del Dr. Carlos Farías Demalde.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Tres policías que se desempeñaban en la Alcaidía de Rafaela fueron imputados por graves delitos de corrupción institucional. La Fiscalía los acusa de solicitar dinero a internos a cambio de beneficios indebidos, encubrir pruebas y facilitar el uso de celulares dentro del penal.
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