La senadora y el ministro de Justicia están acusados de obligar a una joven a retractarse públicamente de una denuncia por abuso, pese a la condena firme del agresor.
Nacionales27/12/2024
Redacción
La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violación de los deberes de funcionarios públicos. Según la denuncia, habrían obligado a una joven víctima de abuso sexual a leer un comunicado en el Senado en el que se retractaba de haber acusado a su padre, condenado por abuso con pruebas contundentes.
El caso salió a la luz tras una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Congreso, el 20 de noviembre, cuando la joven, de 18 años, leyó un texto donde afirmaba que su denuncia había sido falsa. Este acto, promovido por Losada en el marco de un proyecto contra las "falsas denuncias", generó indignación y fue señalado como una maniobra para desacreditar la condena del padre de la joven, Julio César Carro, quien cumple una pena de 15 años de prisión. por abuso sexual gravemente ultrajante, delito probado en un juicio realizado en Córdoba.
La denuncia fue presentada por la Asociación de Altos Estudios de Violencias y Abusos Sexuales (Aevas) ante el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la entidad, el texto leído por la joven fue confeccionado previamente y ella habría sido obligada a retractarse públicamente, pese a que las pruebas del juicio confirmaron la culpabilidad del abusador.
“Losada y Cúneo Libarona utilizaron el ámbito institucional del Senado para favorecer a un condenado por pedofilia y expusieron a la víctima a riesgos graves para su integridad psicofísica”, señala la denuncia firmada por Carlos Rozanski, Bettina Calvi, y Natalia Amatiello, entre otros referentes .
El caso genera conmoción no solo por el sufrimiento de la víctima, sino también por la presunta utilización del Congreso y de figuras públicas para encubrir a un agresor condenado, lo que plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la ética en la función pública. .
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