El bloque de diputados del Frente de Todos apoyó a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y denunció una “persecución política y judicial”

Nacionales 22 de agosto de 2022 Por Director
Pocas horas después del alegato final de la fiscalía, los parlamentarios defendieron a la vicepresidenta y acusaron a la Justicia de perseguirla.
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Luego de que se conociera la postura de los fiscales en la Causa Vialidad, los parlamentarios del Frente de Todos publicaron un comunicado defendiendo a Cristina Kirchner. Los funcionarios se sumaron a los más de 500 intendentes que esta mañana habían manifestado su apoyo a la vicepresidenta.

En el documento difundido esta tarde, los parlamentarios oficialistas aseguraron que, desde hace décadas, los líderes populares de la Argentina son estigmatizados a partir de “falsas denuncias construidas en su contra”.

Además, advirtieron que Cristina es, hace mucho tiempo: “víctima de espurias estrategias”. Los diputados ratificaron su solidaridad con la vicepresidenta de la Nación y garantizaron que están en desacuerdo con la “persecución política y judicial” que hay en su contra.

El apoyo de los funcionarios, junto al de los intendentes, se sumó a la campaña que inició en las redes bajo el lema de “Todos con Cristina”. De esta forma, distintos dirigentes políticos afín al kirchnerismo expresaron su apoyo a la abogada.

El defensor de Cristina Kirchner pidió eliminar de la causa al magistrado Rodrigo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani ya que, según él, juegan en un mismo equipo de fútbol y participaron de varios torneos en la quinta Los Abrojos, perteneciente a Mauricio Macri. Además, agregó a esta lista a Jorge Gorini debido a otra razón: aseguró que se reunió en varias oportunidades con Patricia Bullrich.

El Tribunal Oral Federal, encargado de juzgar a la compañera de fórmula de Alberto Fernández y a otros 12 acusados en el Caso Vialidad, rechazó todas las recusaciones a través de dos fallos que deslegitimaron los planteos.

Para mañana, se prevé que Luciani solicite, por lo menos, 10 años de prisión y una inhabilitación para cargos públicos para quien está acusada de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez.

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