La ley que prohíbe que personas condenadas en segunda instancia se postulen como candidatos fue aprobada con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones, evidenciando un marcado desencuentro entre los grupos políticos de la provincia.
Nacionales13/02/2025
Redacción
La iniciativa, que busca depolizar el sistema político al impedir la candidatura de dirigentes condenados en segunda instancia por corrupción, fue aprobada en la Cámara de Diputados con una mayoría significativa. Los legisladores santafesinos se dividieron claramente: mientras el proyecto contó con el respaldo de representantes alineados con el Poder Ejecutivo, incluidos tres libertarios, cinco del PRO, socialistas y la diputada radical Melina Giorgi, la bancada peronista rechazó la medida de manera unánime.
Entre los votantes a favor destacan figuras clave de La Libertad Avanza, como Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, y del PRO, quienes defendieron la ley como un instrumento para limpiar la política de corrupción, sin importar a quién afecte. En contraste, los legisladores del peronismo, encabezados por Germán Martínez y con la participación de otros representantes del bloque de Unión por la Patria y del Movimiento Evita, criticaron la iniciativa por lo que calificaron como una proscripción histórica, especialmente contra Cristina Kirchner, argumentando que el proyecto perpetúa prácticas de exclusión política.
El debate en la sesión evidenció una polarización ideológica, donde los defensores de la medida enfatizaron la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la política, mientras que los opositores señalaron que la ley se utilizaba para proscribir a figuras específicas del peronismo. A pesar de las tensiones y las acusaciones de que la ley podría ser utilizada con fines partidarios, los proponentes aseguraron que su aplicación beneficiará a todo el sistema al evitar que individuos con antecedentes penales graves accedan a cargos públicos.
Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde la composición del bloque peronista podría complicar su aprobación final. El debate continúa, y los próximos pasos serán cruciales para determinar si Ficha Limpia se consagra como ley, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en la política argentina.
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