Redacción
El proceso estuvo a cargo del magistrado Gustavo Javier Bumaguin, con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig y la defensa del abogado Carlos Luis Farías Demalde. Durante la audiencia, el fiscal atribuyó la imputación y fundó la necesidad de imponer medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Pese a la gravedad del delito, se establecen medidas alternativas a la prisión preventiva , entre ellas: la constitución de domicilio en Rafaela, el sometimiento al cuidado de un guardador (su madre), la obligación de presentarse a firmar cada 15 días en la comisaría correspondiente, la prohibición absoluta de portar armas de fuego y la prohibición de cometer nuevos delitos.
Tras evaluar la escasa cantidad de elementos probatorios y la ausencia de antecedentes penales, el juez resolvió conceder la libertad del imputado bajo estas condiciones. La decisión forma parte de los criterios judiciales aplicados para evitar la sobrepoblación carcelaria en casos donde se puedan aplicar medidas de control y seguimiento sin necesidad de detención efectiva.
