Redacción
Este viernes, la rutina habitual del centro rafaelino se vio alterada por la presencia de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una amplia causa judicial que lleva adelante la Procuraduría especializada en delitos económicos y financieros (PROCELAC). Hasta el momento, la justicia no brindó detalles precisos sobre el trasfondo de los procedimientos en Rafaela, aunque diversas fuentes consultadas por esta web apuntan hacia derivaciones locales de la causa que tiene como eje central la figura de Carlos Vaudagna, ex titular regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En las últimas semanas, la investigación experimentó un impulso significativo tras la declaración como colaborador de Vaudagna, quien habría reconocido ante los fiscales federales su responsabilidad en irregularidades graves. Estos hechos, según detalló el exfuncionario, incluirían desde extorsiones y tráfico de influencias hasta enriquecimiento ilícito mediante la utilización irregular del organismo tributario. Esta compleja red de favores habría involucrado a figuras influyentes del empresariado santafesino y funcionarios judiciales de relevancia.
Entre los nombres que salieron a la luz en las últimas horas y que generan un fuerte impacto en el ambiente económico provincial, se destacan empresarios como Omar Scarel, quien ocupara la presidencia de la reconocida firma Vicentin, y Carlos Nahuel Caputto, integrante de la conducción del diario santafesino El Litoral. Además, en las revelaciones mencionadas también apareció el nombre del juez federal Marcelo Bailaque, quien habría estado al tanto o implicado en algunas maniobras.
Con este contexto, la aparición sorpresiva de efectivos federales en Rafaela cobra especial relevancia. Según pudo constatar este medio en diversos puntos de la ciudad, los operativos se desarrollaron en inmediaciones de calle Lavalle frente a la Plaza 25 de Mayo y también en la intersección de Rivadavia con Dante Alighieri. De acuerdo a versiones cercanas a la causa, el objetivo de la incursión sería obtener material probatorio, posiblemente documentos y registros contables locales, que permitan ampliar el panorama sobre posibles conexiones rafaelinas en el entramado denunciado.
Aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre el alcance de estos allanamientos ni la cantidad exacta de inmuebles involucrados, es evidente que Rafaela juega un rol clave en esta investigación federal que busca esclarecer el presunto esquema ilegal que comprometería a empresarios, funcionarios públicos y magistrados, en una causa que sigue sumando episodios y promete nuevas derivaciones.
