Redacción
El Concejo Municipal de Rafaela aprobó este jueves una reforma clave que busca combatir una práctica que genera malestar en toda la ciudad: el uso de caños de escape adulterados o sin silenciador. La nueva ordenanza autoriza la retención de vehículos en infracción, incluso si están estacionados, y fija multas que oscilan entre los $291.200 y $1.248.000, tomando como referencia la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) vigente.
La medida alcanza a motos, autos y cualquier vehículo a motor que tenga escapes libres o preparados para competición, sin importar si están circulando o detenidos. La normativa establece que el rodado solo será devuelto cuando el titular reemplace el caño por uno homologado, a su exclusivo cargo. El escape ilegal será decomisado y destruido.
La decisión busca dar respuesta a numerosos reclamos vecinales vinculados al ruido excesivo, especialmente en zonas residenciales. También se apunta a proteger a personas mayores, con discapacidad o hipersensibilidad auditiva, principales afectados por este tipo de infracción.
