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El campo se planta: gobernadores defienden el INTA y rechazan el vaciamiento desde Buenos Aires

Llegó a RAFAELA INFORMA la preocupación de las provincias por el avance del Gobierno nacional sobre el INTA. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires alzan la voz en defensa de un organismo clave para la innovación y el desarrollo del interior productivo.

Nacionales09/06/2025RedacciónRedacción
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Mientras el Ejecutivo nacional avanza con la idea de centralizar el manejo del INTA y eliminar el histórico sistema de gobernanza con participación de universidades y entidades rurales, el interior productivo dice basta. Gobernadores de distintas provincias se sumaron en los últimos días a una defensa contundente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una institución que consideran vital para el desarrollo de las economías regionales.

Desde Córdoba, Martín Llaryora fue directo: “Al INTA hay que modernizarlo, no vaciarlo. Desde el Obelisco, sin diálogo y sin conocer el campo, es imposible entender nuestra realidad”. El mandatario cuestionó que las decisiones se tomen desde Buenos Aires, desconociendo el rol estratégico que el INTA cumple en pueblos donde es muchas veces el único sostén tecnológico para la producción.

También puso sobre la mesa otro punto: las retenciones. “A los más de 3.500 millones de dólares que el Estado nacional se lleva cada año de Córdoba, ¿ahora quieren sumarle el desmantelamiento de nuestro talento?”, lanzó.

Por su parte, Axel Kicillof calificó la avanzada contra el INTA como “un crimen”. Desde General Villegas, remarcó que “no es una cuestión de gasto, es destruir conocimiento, romper vínculos, desechar años de trabajo en el territorio”. Incluso, su ministro de Desarrollo Agrario habló directamente de “cientificidio”.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro también fue claro al inaugurar Agroactiva: “El INTA es federalismo, es ciencia, es innovación. Y pedimos que el Gobierno nacional lo cuide”. Frente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el gobernador santafesino dejó en claro que eliminar o debilitar al organismo sería dar un paso atrás en materia de desarrollo territorial.

En paralelo, sigue avanzando en el Congreso una ley de emergencia para frenar el ajuste sobre el sistema de atención a personas con discapacidad, otro eje de tensión entre Nación y provincias. El gobierno ya anticipó que podría vetar la norma por “razones fiscales”.

En este contexto, desde el interior se multiplica un mensaje claro: el recorte no puede pasar por los sectores que sostienen la producción, la inclusión y la innovación. Y menos aún sin diálogo ni conocimiento del territorio.

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