Este sábado entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. La fiscal general María Cecilia Vranicich dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente para implementar el nuevo modelo.
Provinciales19/06/2025
Redacción
Santa Fe comienza una nueva etapa en su sistema judicial. Desde este sábado entrará en vigencia el Código Procesal Penal Juvenil, sancionado por la Legislatura a fines de 2023, y con él, se transforma de raíz la manera en que el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes. Para ello, la fiscal general María Cecilia Vranicich firmó la resolución que crea la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), que encabezará el fiscal Luis Schiapa Pietra.
El nuevo código establece que todos los procesos penales que involucren a menores de 18 años quedarán bajo competencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que deberá aplicar una política diferenciada, con perspectiva de derechos y medidas no privativas de la libertad como eje central.
Vranicich solicitó además a los fiscales regionales que, en esta primera etapa, designen referentes institucionales para centralizar la gestión de casos juveniles y funcionar como nexo con la Uferpa, en tanto avanza el traspaso de personal desde los antiguos juzgados de menores, que serán disueltos según lo dispuesto por la Ley N.º 14.228.
En paralelo, la Escuela de Capacitación del MPA llevó adelante una formación obligatoria para todo el personal, adaptó los sistemas informáticos y coordinó acciones con la Corte Suprema para el uso de espacios físicos y oficinas necesarias para este cambio de paradigma.
“La creación de esta unidad representa un paso decisivo para dar cumplimiento al principio de especialidad que impone la Convención sobre los Derechos del Niño”, afirmó Vranicich en los fundamentos de la resolución. Uferpa tendrá a su cargo la planificación, supervisión y ejecución de políticas de persecución penal adolescente, buscando un abordaje integral del conflicto, que contemple tanto el interés de las víctimas como el desarrollo progresivo de los jóvenes involucrados.
El desafío no es menor: según datos oficiales, hasta febrero se contabilizaban 4.909 expedientes activos en los juzgados de menores de la provincia, 532 de ellos en los tribunales de la capital santafesina. A su vez, 164 adolescentes se encontraban privados de libertad.
Con esta reestructuración, el Ministerio Público asumirá plenamente la competencia en materia penal juvenil, consolidando un modelo más moderno, garantista y especializado, tal como lo establece el nuevo marco normativo. Con información de El Litoral.
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