El veredicto marca un antes y un después en la provincia. Por primera vez, la Justicia santafesina condenó a las máximas autoridades de la Policía por encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de maniobras sistemáticas con fondos públicos. El daño económico supera hoy los 260 millones de pesos.
Judiciales23/06/2025
Redacción
El jueves 19 de junio, un tribunal conformado por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert sentenció, de manera unánime, a Omar Odriozola y Rafael Grau, exjefes de la Policía de Santa Fe, a seis años y medio de prisión, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa, tras hallarlos culpables de haber liderado una estructura delictiva enquistada en el aparato estatal.
La trama, revelada en el juicio, expone cómo funcionó durante meses una red de simulaciones de reparaciones, acarreos de vehículos y adquisiciones ficticias de repuestos para móviles policiales. Todo avalado, firmado y articulado desde la propia cúpula de la fuerza.
Del poder a la condena: una causa que nació en 2016
El camino hacia este fallo comenzó hace nueve años, con una denuncia impulsada por el entonces ministro de Seguridad, hoy gobernador, Maximiliano Pullaro. Desde entonces, el caso transitó un extenso proceso judicial que llegó a su punto cúlmine en un juicio oral donde se expusieron con crudeza los mecanismos de la defraudación y el rol central que jugaron los jefes policiales.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos, sostuvieron que la organización criminal se benefició a través de un circuito cerrado de corrupción: reparaciones que nunca se realizaron, facturas truchas, proveedores fantasmas y cheques que terminaban en sobres repletos de dinero. Todo con el aval explícito de Odriozola y Grau.
Cifras que escandalizan
El perjuicio patrimonial provocado por la maniobra se calculó en más de dos millones de pesos entre 2015 y 2016. Sin embargo, actualizados a valores de hoy, ese monto ronda los 260 millones. La fiscalía remarcó que estos fondos podrían haber sido destinados a infraestructura, salud, seguridad real o educación, y no a engrosar los bolsillos de una red que usó la estructura policial para delinquir.
Entre los episodios más simbólicos, se mencionó el caso del móvil policial 5622, que tenía como función custodiar al gobernador y fue incluido en reparaciones fantasmas, y un colectivo destruido al que se le facturaron trabajos millonarios sin que se haya movido del patio de la Jefatura.
Una red con jefes, ejecutores y cómplices
El juicio dejó en claro que no actuaron solos. La organización incluyó a habilitados, jefes de logística y proveedores particulares. Nueve personas ya habían sido condenadas antes del juicio principal, en procesos abreviados donde admitieron su culpabilidad.
Las pruebas fueron contundentes: peritajes técnicos que demostraron que los vehículos jamás fueron reparados, interceptaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp comprometedores y testimonios clave de “arrepentidos” que reconocieron haber participado del circuito fraudulento y señalaron directamente a los jefes. resaltó el Litoral
Asociación ilícita institucional: el golpe a la confianza ciudadana
La fiscalía no dudó en definir la maniobra como una “asociación ilícita institucional”, donde el uso del poder no solo permitió delinquir, sino que también encubrió, amenazó y disciplinó. Odriozola y Grau designaban personal, presionaban a subordinados y decidían el reparto del dinero, como quedó claro en múltiples testimonios.
Más allá del escándalo económico, el juicio puso sobre la mesa un debate profundo sobre la ética pública y la degradación de las instituciones. “El daño no es solo económico. Se trata de una herida a la confianza de la ciudadanía en quienes deberían protegerla”, subrayaron los fiscales.
El tribunal aún debe dar a conocer los fundamentos completos de su fallo. La fiscalía analiza apelar la pena —había solicitado nueve años de prisión— y también la negativa del tribunal a reconocer el reclamo de reparación económica para el Estado.
Con este fallo, Santa Fe no solo cierra un capítulo oscuro en su historia reciente. También abre la puerta a una reflexión urgente sobre los controles, la transparencia y el tipo de liderazgo que debe regir las fuerzas de seguridad. Porque cuando quienes deben hacer cumplir la ley la usan para delinquir, la corrupción se convierte en norma y la justicia, en una excepción.
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