Redacción
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó como “un error” la posible vuelta al esquema anterior de retenciones al sector agropecuario a partir del 1 de julio, si el Gobierno nacional no prorroga el decreto que desde principios de año redujo transitoriamente los Derechos de Exportación (DEX).
“Necesitamos no solo que se mantenga la baja de retenciones, sino que se eliminen”, sostuvo el mandatario este jueves, y agregó: “Es no mirar al interior productivo de la Argentina. Todo lo que se genera en el campo queda en los pueblos, no se fuga al exterior. Invierten en tecnología o en ladrillos, y si esta política no cambia, Nación cometerá un gravísimo error”.
Pullaro defendió una política económica que priorice a la industria y al trabajo nacional, y remarcó que “la apertura tiene que ser inteligente, pero siempre cuidando los puestos de trabajo”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que si no se extiende el esquema actual, los productores santafesinos perderán unos 227 millones de dólares, considerando el volumen pendiente de comercialización de la campaña 2024/2025.
“Necesitamos certezas para producir, para planificar, para decidir si invertir o no en maquinaria nueva”, sostuvo Puccini.
Además, el funcionario detalló que durante este año los productores agropecuarios de Santa Fe ya aportaron más de 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones, un tributo que no es coparticipable y que, según dijo, “no volvió en obras ni infraestructura que beneficien al sector”.
Puccini también apeló al diálogo con Nación, recordando que en otras oportunidades se logró frenar medidas perjudiciales para las economías regionales.
“La discusión de fondo es sobre el modelo de Estado que queremos. Las retenciones sostuvieron un sistema adicto a ellas durante 20 años. Reducirlas requiere un plan económico sustentable que no se base solo en una mirada fiscal o cambiaria”, expresó.
Desde Santa Fe, la postura es clara: las retenciones deben eliminarse de forma gradual pero definitiva, y cualquier decisión al respecto debe contemplar el impacto directo en la producción, la inversión y el entramado socioeconómico del interior del país.
