Redacción
La situación de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe entró en una nueva etapa crítica. Con la reciente renuncia del juez Marcelo Bailaque, oficializada por decreto nacional, el Juzgado Federal de Rafaela vuelve a quedar formalmente vacante, en un esquema que ya lleva más de cinco años sin cobertura definitiva y más de 25.000 expedientes en trámite.
El panorama no es exclusivo de nuestra ciudad. De los 11 juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 6 no tienen juez titular. La respuesta del sistema ha sido la subrogación permanente: jueces de otros distritos asumen provisoriamente funciones que deberían ser de cargos concursados y designados, algo que no solo viola los plazos legales, sino que impacta directamente en la calidad y agilidad de los procesos.
En el caso de Rafaela, la subrogancia pasará ahora a manos del juez Aurelio Cuello Murúa, mientras la designación definitiva sigue empantanada. La Cámara advirtió que el colapso del sistema se profundiza, y en su pronunciamiento oficial reclamó al Poder Ejecutivo Nacional, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema que actúen con urgencia.
“La vacancia del 55% de los juzgados no es compatible con un servicio de justicia eficiente ni adecuado”, sostuvo la jueza Silvina Andalaf, quien además denunció que esta modalidad se ha vuelto crónica: “Hay tribunales sin jueces desde hace más de ocho años”.
Los números son contundentes: el Juzgado Federal de Rafaela arrastra 25.163 causas activas. A esto se suma la carga que implica, desde mayo de 2024, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. En ciudades como Rafaela y Santa Fe, donde todavía no se designaron jueces de garantías, el fuero pleno asume también esas funciones sin personal adicional.
En paralelo, el desequilibrio entre las tareas asumidas por jueces de garantías y los de juicio y ejecución también genera preocupación. Según datos oficiales, los seis jueces de garantías federales activos atendieron 342 carpetas y encabezaron más de 800 audiencias, mientras que los 11 jueces del Colegio de Juicio y Ejecución intervinieron en solo 21 audiencias.
Desde la Cámara Federal pidieron que se evalúe utilizar jueces de juicio para cubrir vacantes en los juzgados de garantías, donde se concentra el mayor volumen de trabajo. Pero sin designaciones concretas, la sobrecarga y la lentitud seguirán afectando a miles de personas.
Rafaela no es una excepción. Es un punto clave dentro de un sistema judicial federal que se encuentra, según palabras de sus propios integrantes, “al borde del colapso”. Con información de El Litoral.
