Redacción
La causa que investiga una de las estafas más grandes de los últimos años en Rafaela sumó un nuevo capítulo: abogados representantes de un grupo de víctimas solicitaron formalmente al juez que eleve a juicio la investigación contra los diez imputados en el caso y que se impongan penas de prisión efectiva para todos ellos.
La presentación fue realizada en las últimas horas por profesionales del foro local, quienes consideran acreditado que los acusados integraron una asociación ilícita destinada a defraudar a cientos de personas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022, utilizando como fachada la firma Grupo Spaggiari S.R.L., dedicada formalmente a desarrollos inmobiliarios.
Según reconstruyeron los querellantes, los imputados ofrecían convenios privados disfrazados de contratos de mutuo dinerario, captando importantes sumas de dinero en efectivo —en pesos, dólares o euros— mediante promesas de inversión, publicidad engañosa y relaciones sociales.
A Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari se los acusa de ser los jefes de la organización, y se pidió para ambos una pena de 15 años de prisión efectiva. Al resto de los imputados se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en los hechos, con penas solicitadas que van desde 3 años y 3 meses hasta 5 años y 4 meses de prisión.
Los delitos encuadran principalmente en asociación ilícita y estafas reiteradas, cometidas en concurso real. La acusación alcanza a Mirta Condotto, Germán Garetto, Carlos Ciancia, Myriam Bravo, Gabriel Ulman, Cristian Clemenz, Cristian Franzetti y Carolina Schaberger, todos con roles diferenciados dentro de la estructura, según la presentación.
Fuentes cercanas al caso señalaron a RAFAELA INFORMA que esta requisitoria marca una instancia clave en el avance de la causa. La Fiscalía deberá ahora evaluar el pedido y el juez resolverá si corresponde avanzar hacia el juicio oral.
Mientras tanto, los hermanos Spaggiari continúan detenidos en la cárcel de Las Flores. La causa ya acumula más de 560 denuncias y se estima que el perjuicio económico supera los 9.800 millones de pesos. Las víctimas, en tanto, esperan justicia.
