
Herrera Gómez recuperó la libertad tras la defensa de Farías Demalde
Redacción
David Alberto Herrera Gómez, es un funcionario policial activo que actualmente se encuentra en disponibilidad. Había sido detenido e imputado junto a Cristian Javier Rivadeneyra, Juan Esteban Coria, Nahir Diamela Costanzo y Abigail Jazmín Damiani por violación de domicilio y amenazas calificadas. Según la imputación fiscal, todos fueron acusados en conjunto por hechos ocurridos a principios de julio de este año, que incluyeron el ingreso a una propiedad sin autorización y amenazas hacia las personas que estaban en el lugar.
En el marco de esta causa, la estrategia de la defensa a cargo del abogado Carlos Luis Farías Demalde resultó determinante para revertir la prisión preventiva que pesaba sobre su cliente.
Durante la audiencia, Farías Demalde argumentó que Herrera Gómez atraviesa una problemática de adicciones que no podía ser adecuadamente abordada en el contexto carcelario. Sostuvo que el encierro no solo no aportaba a su recuperación, sino que agravaba su cuadro de salud, ya que en las unidades penitenciarias no existen programas efectivos para su tratamiento.
El letrado fundamentó su pedido en la necesidad de que Herrera reciba atención en un entorno terapéutico, proponiendo su internación en la institución “El Buen Samaritano” bajo estrictas condiciones de control judicial. Aportó además informes médicos y destacó la ausencia de antecedentes condenatorios de su defendido.
El juez Nicolás Stegmayer valoró la intervención de la defensa y, tras analizar las pruebas, resolvió disponer la libertad de Herrera Gómez bajo un régimen de medidas alternativas, que incluyen internación en “El Buen Samaritano”, prohibición de portar armas, fijar domicilio, abstenerse de cometer nuevos ilícitos, registrar firma semanal en la comisaría y no ingresar a la ciudad de Rafaela.
Con esta resolución, Herrera Gómez podrá iniciar un proceso de recuperación supervisado, en lo que constituye un precedente favorable para el abordaje de casos similares en los que la problemática de adicciones se coloca en el centro de la estrategia judicial.


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