Redacción
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto 2104 que autoriza la operación por un monto de $328.500.000, IVA incluido. La resolución lleva además las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.
La compra se concretó mediante contratación directa, luego de que la comisión evaluadora desestimara la oferta de Punto de Impacto S.A. por incumplir los requisitos técnicos y administrativos exigidos en el pliego, quedando Bersa como única oferente válida.
El ministro Cococcioni destacó que se trata de una inversión clave para actualizar el equipamiento del Servicio Penitenciario, una fuerza que utiliza principalmente escopetas en los penales de la provincia. También ponderó la calidad de las pistolas adjudicadas, mientras que especialistas en armamento resaltaron que Bersa es proveedora de fuerzas de seguridad de otros países.
La operación responde a un pedido expreso del Servicio Penitenciario, que había solicitado las armas para mejorar el desempeño de su personal. Además, como parte de un plan de modernización, el Ministerio de Seguridad adquirió 100 armas de baja letalidad –lanzadoras Byrna y pistolas Taser– para una prueba piloto, buscando ofrecer opciones intermedias entre la contención física y el uso de armas de fuego.
