Redacción
La investigación judicial había demostrado que Luque abusó de un niño en agosto de 2022, aprovechando su empleo en una despensa. A eso se sumó una condena por difundir material de explotación sexual infantil, luego de que una ONG estadounidense alertara a las autoridades argentinas tras detectar contenido compartido por él en Facebook.
El error se originó porque, mientras cumplía la pena por pornografía infantil, no se registró una prisión preventiva vigente en el caso de abuso sexual. Esa omisión derivó en su excarcelación. Tras ser notificado, el Ministerio Público Fiscal ordenó su recaptura y un allanamiento en su vivienda de calle Dr. Gálvez al 2300, donde fue localizado.
La Fiscalía adelantó que en las próximas horas se llevará a cabo una audiencia para corregir la irregularidad y asegurar que Luque continúe tras las rejas. Desde el MPA remarcaron la gravedad institucional del episodio y la necesidad de reforzar los mecanismos de control penitenciario.
Un antecedente en Rafaela
No es la primera vez que un error de este tipo genera conmoción. En septiembre de 2024, en Rafaela, un fallo administrativo también permitió liberar por equivocación a un detenido. En aquel caso, la confusión surgió porque dos internos compartían el mismo apellido. La situación derivó en que quien debía seguir detenido quedara en libertad, y viceversa. El abogado defensor, Carlos Farías Demaldé, tuvo que acompañar personalmente al hombre liberado por error hasta la PDI para regularizar su situación.
Ese episodio, que incluso incluyó momentos de tensión en el trayecto hasta la dependencia policial, puso en evidencia la fragilidad de los procedimientos de identificación en el sistema judicial y penitenciario.
Hoy, un año después, otro error administrativo vuelve a poner bajo la lupa la seguridad institucional y deja al descubierto la urgencia de ajustar los mecanismos de control.
