Redacción
Este miércoles por la mañana, en Anchoris 1663 de la ciudad de Rosario, se llevó a cabo la inactivación de un nuevo punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. Con esta acción, ya son 51 los búnkeres clausurados en Rosario y 79 en toda la provincia de Santa Fe desde la implementación de esta herramienta legal.
El operativo fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó la decisión política del Gobierno santafesino en el abordaje del narcotráfico:
“Desde el inicio de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó esta ley con una fuerte vocación de actuar coordinadamente con el MPA para reducir la violencia en Rosario. Este es un modelo que debe ser replicado a nivel nacional, como propone la vicegobernadora Gisela Scaglia, y no vamos a retroceder”.
Seis detenidos y reiteradas intervenciones
El fiscal Diego Giro explicó que esta fue la tercera intervención en el mismo lugar, un pasillo donde la venta de drogas era reiterada y denunciada por los vecinos.
“La causa comenzó en abril con allanamientos y detenciones. Luego se produjo una segunda intervención, y ahora, en octubre, volvimos a actuar con una nueva inactivación”, detalló.
Actualmente hay seis personas detenidas con prisión preventiva, todas familiares entre sí, y dos ya fueron condenadas mediante procedimientos abreviados. De los cinco departamentos del inmueble, tres quedaron completamente inactivados. Aunque se solicitó el derrumbe del lugar, la Justicia autorizó solo la inactivación, para preservar posibles derechos de terceros propietarios.
Una ley para atacar la violencia estructural
La Ley de Microtráfico fue sancionada a fines de 2023 y promulgada por la actual gestión provincial. Permite la inactivación de puntos de venta de drogas y de inmuebles utilizados para actividades ilícitas asociadas a la violencia urbana.
Desde principios de 2024, los operativos se llevan adelante con la coordinación entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, el Poder Judicial, la Policía provincial y gobiernos locales, como parte de una política integral de seguridad y pacificación de los barrios más afectados por el narcotráfico.
