Redacción
El Concejo Municipal abordará este jueves una agenda atravesada por temas sensibles: la capacitación obligatoria en perspectiva de género del personal público y la situación del fuero de Familia en Rafaela, cuya carga de trabajo se encuentra en niveles críticos.
Por un lado, se solicitará al Ejecutivo detalles sobre la implementación local de la Ley Micaela, que obliga a capacitar en género y prevención de violencias a todas las personas que integran la administración pública. La iniciativa busca conocer si durante 2024 y 2025 se llevaron adelante instancias de formación, qué áreas fueron alcanzadas y de qué manera se están capacitando los nuevos ingresos, además de la posible actualización para quienes ya la realizaron.
También se consultará sobre acciones de difusión hacia instituciones y ciudadanía, recordando que Rafaela adhirió a la normativa nacional en 2019 y comenzó su aplicación oficial en 2020. Hasta mediados de 2022 se habían registrado más de 1.500 agentes capacitados.
El segundo proyecto apunta al Poder Judicial provincial: se pedirá que se evalúe la creación de un nuevo Juzgado de Familia en Rafaela. La solicitud se enmarca en un escenario marcado por una fuerte saturación del fuero, que abarca casi medio centenar de localidades de la región y supera las diez mil causas en trámite.
De acuerdo a los fundamentos presentados, las situaciones vinculadas a violencia familiar representan una porción significativa de los expedientes en curso, lo que vuelve imprescindible una respuesta ágil y especializada para evitar consecuencias más graves.
Desde el Concejo señalan que la emergencia social y económica de los últimos años agravó los conflictos intrafamiliares y multiplicó las intervenciones judiciales, motivo por el cual se considera urgente reforzar el servicio de justicia en materia de familia y garantizar recursos acordes a la demanda.
De aprobarse, ambas resoluciones buscarán poner el foco en dos dimensiones clave: el compromiso estatal con la formación en perspectiva de género y la necesidad de mejorar el acceso a la justicia para las familias rafaelinas y de toda la región.
