Denuncia explosiva en el Concejo: acusan a la gestión anterior de compras direccionadas y conflicto de intereses

Un fuerte cruce político sacudió este jueves la sesión del Concejo Municipal, cuando representantes del oficialismo denunciaron públicamente presuntas irregularidades administrativas ocurridas durante la gestión anterior. La exposición incluyó citas a leyes de ética pública, documentación contable y un detalle minucioso de compras que, según señalaron, estarían vinculadas a un posible conflicto de intereses.

Durante el planteo, se hizo referencia a la Ley Nacional 27.188 y a la Ley Provincial 9.286, ambas normativas que regulan incompatibilidades y prohíben que funcionarios obtengan beneficios directos o indirectos derivados de su condición en la función pública.

Compras reiteradas y un proveedor familiar

Según expusieron desde el bloque oficialista, entre los años 2016 y 2022 se designó de manera sucesiva a una funcionaria de gabinete, y en 2022 —en plena vigencia de esa designación— aparecen compras imputadas a la Intendencia que generaron sospechas: elementos textiles, accesorios y artículos de cocina adquiridos en grandes cantidades y con una frecuencia que, según argumentaron, “se repetía mes tras mes”.

Al analizar la información disponible en la Carta de Ciudadanos —que solo publica datos hasta 2022— identificaron la reiteración de rubros casi idénticos durante varios meses consecutivos. El patrón, indicaron, continuó en 2023, con la última factura fechada el 6 de julio, semanas antes de las PASO municipales. Después de ese día, no se registraron adquisiciones similares.

Sin embargo, el dato que generó mayor impacto fue otro: todas esas compras habrían sido realizadas a un familiar directo de la funcionaria designada en gabinete, lo que constituye, según el oficialismo, un caso evidente de incompatibilidad y conflicto de interés contemplado en ambas leyes de ética pública.

“No es un detalle menor, es un caso que requiere explicación”

En la sesión se sostuvo que lo expuesto “no puede interpretarse como un error administrativo”, sino como una situación que exige aclaraciones formales y responsabilidades políticas. También se recordó un planteo realizado meses atrás respecto a la obligación de los funcionarios —y también de los concejales— de actuar con transparencia y proteger los recursos municipales.

El oficialismo entregó una copia impresa de la documentación que respalda la denuncia. Según afirmaron, el material incluye facturación, fechas, imputaciones contables y documentos vinculados a la estructura de gabinete de la anterior administración.

Un capítulo abierto

La situación promete seguir generando repercusiones. Lo expuesto deja planteado un posible caso de incompatibilidad e irregularidades en compras públicas que, según el bloque oficialista, deberá ser revisado en profundidad.

Por ahora, no se anunciaron pedidos formales de investigación, pero la exposición dejó en claro que el tema quedó instalado en la agenda política local y podría derivar en nuevos movimientos dentro del Concejo.