Buscan actualizar la normativa de preservación patrimonial en Rafaela

Un nuevo proyecto de ordenanza ingresó recientemente al Concejo Municipal con el objetivo de actualizar el marco normativo que regula la protección del patrimonio urbano en Rafaela. La iniciativa apunta a modernizar criterios, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que los recursos generados por sanciones se destinen exclusivamente a trabajos de conservación y restauración.

El texto plantea modificaciones a los artículos 7 y 22 de la ordenanza 3.236, que rige desde hace más de una década. Entre los cambios propuestos, se destaca la incorporación de un criterio más exhaustivo para definir qué inmuebles integran el “Listado de Bienes Protegidos”, abarcando edificios de valor arquitectónico, construcciones representativas de la historia local, zonas de escala urbana significativa y obras que conforman la identidad del paisaje.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que las multas aplicadas por intervenciones irregulares en inmuebles protegidos se destinen únicamente a programas municipales de restauración patrimonial, lo que permitiría reforzar el financiamiento de estas tareas y generar un efecto reparador y preventivo en la ciudad.

La iniciativa también propone que toda modificación en un inmueble incluido en el listado —ya sea refacción, demolición o reconstrucción— deba contar con un proyecto técnico presentado por un profesional matriculado, quien será responsable de la veracidad de la documentación y del cumplimiento de las normas de preservación. Esto busca evitar intervenciones que alteren la esencia, las fachadas o las características edilicias que motivaron la protección del bien.

Asimismo, el proyecto habilita la incorporación de construcciones posteriores a 1945 cuando, por sus valores arquitectónicos o testimoniales, resulte necesario preservarlas. Cada caso deberá ser evaluado por la comisión especializada prevista en la normativa vigente.

La propuesta, ahora en estudio dentro del Concejo, abre el debate sobre cómo actualizar la política de preservación urbana para resguardar la memoria arquitectónica de la ciudad sin frenar su evolución, y anticipa un nuevo capítulo en la agenda patrimonial local.