La Cámara alta provincial dio media sanción a un proyecto que busca ampliar la estructura judicial del fuero de Familia en Rafaela y mejorar la capacidad de respuesta ante el fuerte incremento de casos sensibles.
Judiciales30/11/2025
Redacción
El Senado santafesino aprobó una iniciativa para sumar un nuevo Juzgado de Primera Instancia de Familia con asiento en Rafaela, dentro del Distrito Judicial N.º 5. La propuesta modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (10.160) e incorpora una segunda unidad especializada en el abordaje de conflictos familiares, un ámbito donde la demanda creció de forma sostenida en los últimos años.
La medida surge de un diagnóstico compartido por magistrados, profesionales del derecho y actores institucionales: el volumen de expedientes vinculados a niñez, violencia intrafamiliar, cuidado personal, alimentos y consumos problemáticos aumentó abruptamente y hoy se concentra en un único juzgado, generando demoras y dificultando intervenciones que requieren inmediatez.
Durante el debate legislativo, el senador Alcides Calvo señaló que la cantidad de causas tramitadas en Rafaela se multiplicó en más de una década y que la estructura actual ya no alcanza para garantizar una atención adecuada. En esa línea, valoró el aporte técnico de la jueza de Familia, Liza Bascolo Ocampo, así como el acompañamiento del Colegio de Abogados y del Concejo Municipal en el pedido de ampliación del fuero.
La propuesta obtuvo amplio respaldo político y plantea que el nuevo juzgado permitirá reorganizar tareas, descomprimir la carga laboral y ofrecer un abordaje más ágil en situaciones donde están en juego derechos esenciales, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Tras la media sanción, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. Si también consigue aprobación, el Ejecutivo provincial deberá realizar las adecuaciones presupuestarias y avanzar en el proceso de selección para designar a quien estará al frente del nuevo Juzgado de Familia de Rafaela.
El fallo incluye una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. El debate se realizó en los tribunales de Rafaela y estuvo a cargo del juez Gustavo Bumaguin y la fiscal Fabiana Bertero.
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El imputado sostuvo que “no mató a nadie” y que actuó bajo un supuesto “dominio demoníaco”. El juez Javier Carlos Bottero hizo lugar al pedido del defensor Carlos Luis Farías Demalde para evaluar su imputabilidad. La fiscalía, encabezada por Martín Castellano, mantuvo la acusación.
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