Redacción
El complejo expediente que involucra a la abogada S. M. continúa creciendo y sumando aristas judiciales. A la denuncia inicial por presunto prevaricato —radicada meses atrás por una de sus clientas, y que permanece en etapa investigativa— se agregó ahora una presentación penal por posible falsedad ideológica y uso indebido de datos personales, luego de detectarse un oficio que habría sido enviado al Hospital Jaime Ferré sin haber sido emitido por el juzgado correspondiente.
Un oficio que encendió las alarmas
De acuerdo a la denuncia ingresada este lunes, la abogada habría remitido al hospital un documento donde solicitaba información sensible vinculada al fallecimiento por Covid-19 del esposo de la denunciante, ocurrido en 2021, y datos sobre quién retiró el cuerpo.
Sin embargo, el Juzgado de la Tercera Nominación habría confirmado que no emitió ningún oficio de ese tipo, ya que el fallecimiento del paciente no guarda relación alguna con la causa civil de honorarios donde interviene la profesional.
La maniobra habría sido advertida por el propio Hospital Jaime Ferré, que respondió al requerimiento formal y dejó expuesta la irregularidad. El documento, según describen fuentes cercanas al caso, contendría fragmentos sustraídos y modificados de un oficio previo, lo que motivó la denuncia inmediata.
Dos causas penales en paralelo
El fiscal Adrián Soria, quien ya tenía a su cargo la investigación por presunto prevaricato, asumió también la nueva causa. Ahora deberá determinar:
• si existió falsificación de un documento judicial,
• si hubo uso indebido de datos sensibles protegidos por la Ley 25.326,
• y si la maniobra tuvo algún propósito vinculado al litigio civil entre las partes.
Ambos expedientes avanzan de manera simultánea y podrían unificarse más adelante, según evalúe la Fiscalía.
Pedido de rebeldía y posible intervención de la fuerza pública
Otro elemento que agrava el cuadro es la reiterada incomparecencia de la abogada denunciada a los llamados oficiales.
Según pudo saber este medio, la querella pidió que se la declare en rebeldía, considerando que la profesional:
• no habría informado un domicilio real,
• residiría en Entre Ríos sin notificarlo formalmente,
• y existiría un posible peligro de fuga ante el avance de ambas investigaciones.
El pedido habilita, en caso de que el juez lo ordene, la intervención de la fuerza pública para lograr su comparecencia.
Un conflicto que no deja de crecer
El caso, que comenzó como una disputa civil por honorarios, derivó primero en una denuncia por presunto prevaricato y ahora en una investigación más amplia que podría implicar delitos de mayor gravedad.
Mientras las causas avanzan bajo la órbita del fiscal Soria, la denunciante y su representación legal sostienen que continuarán aportando documentación para esclarecer cómo se generó el oficio y con qué finalidad se habría pedido información médica del fallecido.
Lo cierto es que el expediente ya dejó de ser un conflicto estrictamente profesional y se encamina a convertirse en uno de los casos judiciales más complejos del año en Rafaela, con derivaciones que todavía no tienen un desenlace previsible.
