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Farías Demalde logró la domiciliaria para un condenado por prácticas abortivas, tras cuestionar las condiciones carcelarias

El juez Stegmayer hizo lugar al planteo de la defensa y otorgó la prisión domiciliaria a Luis Carlos Cavaile, un hombre de más de 70 años, luego de que el abogado Carlos Farías Demalde argumentara que su salud no podía ser atendida adecuadamente en la Alcaidía.

Judiciales10/12/2025RedacciónRedacción
foto para portal

La Justicia de Rafaela resolvió conceder la prisión domiciliaria al condenado Luis Carlos Cavaile, luego de un planteo central del abogado Carlos Farías Demalde, quien sostuvo que el cuadro médico del imputado hacía inviable su permanencia en un establecimiento carcelario.

Durante la audiencia, presidida por el juez penal Nicolás Stegmayer, la defensa expuso que Cavaile —quien supera los 70 años— padece una enfermedad degenerativa en la columna y otras afecciones que requieren controles constantes, medicación específica y condiciones dentro de la Alcaidía, no estaría en condiciones de garantizar. Farías Demalde remarcó que mantenerlo en prisión “supondría un deterioro irreversible”, planteo que resultó determinante en la decisión final.

El fiscal Martín Castellano intervino señalando que la prisión domiciliaria no debe interpretarse como un beneficio automático para personas mayores, aunque reconoció que este caso reunía particularidades que ameritaban su análisis individual y la valoración de la situación sanitaria expuesta por la defensa.

Tras un cuarto intermedio, Stegmayer resolvió que la combinación de edad avanzada, patologías acreditadas y limitaciones del sistema penitenciario justificaba el otorgamiento de la medida. Ordenó que Cavaile cumpla la condena en su domicilio en Rafaela, bajo controles periódicos y monitoreo semanal para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

El juez también dispuso la notificación a la víctima, en concordancia con la normativa vigente.

La resolución marca un punto relevante dentro de una causa que lleva más de una década en el ámbito judicial, y reafirma el peso que pueden tener los argumentos vinculados a salud, vulnerabilidad y capacidad estatal de garantizar cuidados adecuados al momento de definir alternativas a la prisión efectiva.

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