Redacción
La provincia de Santa Fe sumó este lunes una nueva intervención en la lucha contra el microtráfico de estupefacientes, con la demolición de un inmueble utilizado como punto fijo de venta de droga en la ciudad de Rosario. Con esta acción, ya son 97 los búnkeres inactivados en todo el territorio provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
El operativo fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación, y se desarrolló en una vivienda que funcionaba como centro de comercialización al menudeo y que, según la investigación judicial, estaba asociada a hechos de violencia armada en la zona.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la política de desmantelamiento de búnkeres forma parte de una estrategia sostenida para reducir la violencia urbana, especialmente en barrios donde las organizaciones criminales habían logrado instalar puntos de venta con alto nivel de impunidad. En ese marco, destacaron que el trabajo conjunto entre el MPA y el Gobierno provincial permitió avanzar sobre estructuras que durante años operaron a escala barrial.
En relación con el caso puntual, desde la Fiscalía se explicó que la causa se inició a partir de reiterados avisos al sistema de emergencias y de informes policiales. Los allanamientos permitieron secuestrar estupefacientes y confirmar el funcionamiento del lugar como puesto de venta. Parte de los investigados se encuentran detenidos con prisión preventiva y afrontan imputaciones vinculadas a la comercialización de drogas, además de otros antecedentes por delitos violentos.
La Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023, transfirió a la órbita provincial la investigación del narcomenudeo, lo que agilizó los procesos judiciales y posibilitó intervenciones más rápidas y focalizadas en los territorios. Según remarcan desde el Gobierno, esta herramienta resultó clave para avanzar en el cierre de búnkeres y golpear el corazón operativo de las economías ilegales que alimentan la violencia cotidiana.
Con casi un centenar de puntos de venta desactivados, la provincia sostiene una política que apunta no solo a la persecución penal, sino también a la recuperación de espacios para los vecinos y a la disminución del impacto del delito en la vida diaria de las comunidades.
