Proponen habilitar apps de transporte y desregular el servicio de remises en Rafaela

Ingresó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que propone un cambio profundo en la regulación del transporte privado de pasajeros en Rafaela. La iniciativa de La Libertad Avanza, busca habilitar de manera expresa el funcionamiento de aplicaciones de transporte, junto con un esquema más flexible para remises y prestadores independientes, en línea con los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de movilidad.

La propuesta plantea dejar atrás el régimen actual, considerado desactualizado y excesivamente burocrático, para avanzar hacia un sistema con menor intervención estatal, sin cupos, con libertad tarifaria y con registros digitales simples que permitan garantizar condiciones básicas de seguridad sin imponer costos ni trámites innecesarios. En ese sentido, el texto remarca que el exceso de regulaciones termina encareciendo el servicio, limitando la competencia y restringiendo oportunidades laborales.

Entre los puntos centrales, el proyecto habilita el Servicio de Transporte Privado de Pasajeros bajo distintas modalidades: remises independientes, agencias tradicionales y prestadores que operen a través de plataformas tecnológicas. El servicio se concibe como un contrato privado entre pasajero y conductor, con tarifas pactadas libremente, sin que el municipio intervenga en la fijación de precios.

En cuanto a los requisitos, se establece un esquema básico tanto para vehículos como para conductores, basado en normativa nacional: revisión técnica obligatoria, seguro vigente, licencia de conducir y certificado de antecedentes penales, entre otros. No se exigirían colores, modelos ni antigüedad específica de los vehículos, y se prevé la creación de un Registro Municipal para quienes no operen mediante plataformas digitales.

El proyecto también contempla un capítulo transitorio que propone la derogación de la normativa vigente en materia de remises y la condonación, por única vez y de manera excepcional, de multas y sanciones administrativas vinculadas a habilitaciones, trámites o exigencias que quedarían sin efecto con el nuevo régimen. Esa condonación no alcanzaría a infracciones relacionadas con la Ley Nacional de Tránsito ni a situaciones que comprometan la seguridad vial.

En los fundamentos, se sostiene que la desregulación permitiría ampliar la oferta, mejorar la calidad del servicio, reducir costos para los usuarios y generar más oportunidades de trabajo, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales ya forman parte de la realidad cotidiana. También se señala la necesidad de que el Estado local adecúe su marco normativo a los cambios tecnológicos, evitando sanciones desproporcionadas y promoviendo la iniciativa privada.

El proyecto quedó formalmente ingresado y será analizado en el ámbito del Concejo Municipal, donde se anticipa un debate que volverá a poner en discusión el modelo de transporte urbano y el rol del Estado en su regulación.