Redacción
La investigación por el asesinato de Lucas Suárez dio este domingo un paso clave en el plano judicial. En una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, se resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de 90 días para el menor apuntado como autor del hecho, quien permanecerá alojado en el pabellón juvenil del penal de Las Flores.
La medida fue dispuesta por la jueza de Menores interviniente, luego de la imputación formal por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. El adolescente, identificado por sus iniciales B. A., quedó así sujeto a una cautelar de máxima gravedad dentro del sistema penal juvenil.
La acusación fue impulsada por la fiscal que tomó el caso una vez que la pesquisa comenzó a señalar de manera directa al menor como presunto responsable del crimen. Hasta ese momento, la causa había sido abordada por el fiscal de turno, pero el cambio se produjo cuando los elementos reunidos orientaron la investigación hacia un adolescente.
La audiencia se desarrolló durante la mañana del domingo y se extendió por cerca de dos horas. El escenario fue llamativo: un edificio judicial prácticamente vacío y un fuerte hermetismo propio del fuero penal juvenil. La defensa del menor estuvo a cargo de una abogada particular, mientras que la prensa no tuvo acceso al debate, tal como lo establece la normativa vigente para este tipo de procesos.
Esa imposibilidad de acceder a los detalles del caso volvió a poner sobre la mesa un debate de fondo. Si bien el sistema acusatorio también rige para la Justicia de Menores, las restricciones propias de este fuero limitan el carácter público de las audiencias, incluso en hechos de extrema gravedad que generan un fuerte impacto social, como el ocurrido en el barrio 2 de Abril.
Mientras la causa avanza bajo reserva, el crimen sigue generando conmoción en Rafaela y deja abiertas múltiples preguntas, no solo sobre lo sucedido, sino también sobre los alcances, límites y tensiones del sistema penal juvenil frente a delitos de máxima gravedad.
