Primer juicio oral del 2026 en Rafaela: un tribunal especial y un caso que arrastra años de trámite

Rafaela abrirá el calendario judicial 2026 con el primer juicio oral del año, un debate que tendrá características particulares tanto por la conformación del tribunal como por la historia del expediente que llegará finalmente a instancia de juicio.

El proceso tiene como imputado a Julio César Antonio U., acusado en una causa que reúne hechos de robo, hurto y violación de domicilio en concurso real. El debate se desarrollará en los Tribunales de Rafaela, ubicados en calle Alvear 226, y se llevará adelante en la Sala 3, con audiencias programadas para los días 19, 20, 22 y 26 de enero, en distintos horarios matutinos y del mediodía.

Uno de los aspectos salientes del juicio es que no contará con jueces penales de primera instancia de Rafaela. La razón es estrictamente procesal: todos los magistrados locales ya tuvieron algún grado de intervención previa en la causa, lo que les impide integrar el tribunal de juicio. Por ese motivo, se dispuso la conformación de un tribunal especial con magistrados y conjueces externos.

El debate estará encabezado por la jueza Cecilia Álamo, recientemente designada y con asiento en San Cristóbal, acompañada por los conjueces Carlos Farías Demaldé y Sergio Beceyro, quienes completarán el tribunal que deberá evaluar la prueba y dictar sentencia.

La acusación será sostenida por la fiscal Fabiana Bertero, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa estará a cargo del defensor público Bruno Rossini, recientemente incorporado al Ministerio Público de la Defensa de la Región 5.

El juicio no es nuevo en la agenda judicial: originalmente estaba previsto para septiembre del año pasado, pero debió ser reprogramado y trasladado a mediados de enero de 2026 a raíz de problemas de salud de la defensora que intervenía en ese momento. Tras esa postergación, el proceso finalmente quedó firme en el cronograma judicial del nuevo año.

Según surge de la acusación fiscal, los hechos investigados se remontan a una misma madrugada de marzo de 2021, cuando el imputado habría ingresado sin autorización a distintos domicilios particulares, sustrayendo dinero y pertenencias, y profiriendo amenazas al ser sorprendido por una de las víctimas. La Fiscalía sostiene que los delitos fueron cometidos en concurso real.

En ese marco, se solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva, además de la revocación de un beneficio de libertad condicional previo y la acumulación de condenas, lo que podría elevar a 30 años el monto final de la pena en caso de recaer una sentencia condenatoria.

Con este juicio, Rafaela pone en marcha formalmente el año judicial 2026, en un proceso que no solo marcará el inicio del calendario de debates orales, sino que también concentrará la atención por la gravedad de los hechos imputados y por la particular integración del tribunal que deberá resolver el caso.