Redacción
Aguas Santafesinas avanza con una estrategia permanente para regularizar deudas acumuladas por grandes usuarios no residenciales que, pese a contar con capacidad de pago, mantienen saldos impagos desde hace años. La medida busca reforzar la sustentabilidad del servicio y evitar desequilibrios frente a quienes cumplen regularmente con el pago.
Según datos actualizados de la empresa, más de mil usuarios de este segmento registran deudas pendientes, con casos que se extienden hasta cuatro años sin abonar el servicio. En promedio, las obligaciones adeudadas superan los dos años de antigüedad y el monto total acumulado asciende a más de 700 millones de pesos.
A pesar de esta situación, los usuarios involucrados continúan recibiendo el suministro y concentran un consumo mensual estimado superior a los 60.000 metros cúbicos de agua potable sin facturación efectiva, un volumen que impacta de manera directa en la operación del sistema y en la distribución equitativa de los costos.
Desde la empresa remarcan que la política aplicada no tiene un fin sancionatorio, sino que apunta a preservar un servicio esencial. En ese marco, se despliega un esquema escalonado de comunicaciones y avisos para promover el contacto temprano y facilitar la adhesión a planes de pago adaptados a cada situación.
Cuando estas instancias se agotan, y conforme a lo previsto en el régimen tarifario vigente, Aguas Santafesinas puede avanzar con la reducción del caudal de suministro, limitándolo a un volumen básico diario. Esta medida se aplica como último recurso y tiene como objetivo generar una respuesta concreta por parte de los usuarios morosos.
La experiencia recogida por la empresa muestra que estas acciones tienen resultados efectivos: cerca del 30 % de los usuarios regulariza su situación antes de que se aplique la reducción del servicio, mientras que otro 50 % lo hace luego de implementada la medida. El porcentaje restante continúa su curso hacia instancias más severas, como el corte total del suministro —en los casos habilitados— o acciones judiciales.
En la ciudad de Santa Fe, este proceso alcanza actualmente a 143 unidades de facturación, en su mayoría con deudas superiores a dos años. En Rosario, el número asciende a 423 grandes usuarios, con consumos mensuales elevados y casos puntuales que superan ampliamente los promedios habituales.
Desde la empresa destacaron que todas las situaciones son previamente evaluadas con criterios socioeconómicos, con el objetivo de excluir a los sectores vulnerables y concentrar las acciones en quienes efectivamente pueden afrontar el pago. La premisa central es sostener la equidad del sistema y asegurar la continuidad de un servicio que depende del aporte de toda la comunidad.
