Redacción
La investigación por la tentativa de homicidio de una adolescente en la ciudad de San Cristóbal dio un nuevo paso en las últimas horas, con la imputación de un joven de 18 años y dos adolescentes punibles, señalados como coautores del hecho ocurrido el jueves de la semana pasada. Además, la atribución del suceso alcanzó a otras dos personas menores de edad que no son punibles, por lo que se dispusieron medidas de resguardo y abordaje integral.
Las resoluciones fueron adoptadas por la jueza Cecilia Álamo en el marco de tres audiencias realizadas entre el lunes y este martes, en los tribunales locales. La investigación está a cargo de los fiscales Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, y Emiliano Odriozola, quienes representaron al Ministerio Público de la Acusación durante las instancias judiciales.
En cuanto a las medidas procesales, el imputado mayor de edad continuará el proceso en libertad, aunque sujeto a un estricto régimen de condiciones: prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima, su entorno, testigos y coimputados; obligación de fijar domicilio; presentaciones periódicas en sede policial; prohibición de salida del país y de portar armas, además de quedar bajo el cuidado de un familiar.
Por su parte, los dos adolescentes punibles permanecerán alojados durante 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo un régimen de puertas cerradas, mientras avanza la causa.
Respecto de los dos menores no punibles, quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, con intervención de un equipo socioeducativo y de Salud Mental, que deberá evaluar y adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad física y psíquica tanto de las personas involucradas como de la víctima.
En uno de los casos, la magistrada ordenó que en un plazo de 72 horas se realicen evaluaciones específicas solicitadas por un juzgado de Rafaela, con el objetivo de analizar la eventual necesidad de una internación compulsiva, conforme a lo previsto por la Ley de Salud Mental.
Finalmente, desde el ámbito judicial se recordó a los medios de comunicación la obligación de extremar los recaudos informativos, teniendo en cuenta que la víctima y la mayoría de las personas investigadas son menores de edad, y que rige normativa local, nacional e internacional destinada a proteger su intimidad e identidad.
