Redacción
La causa judicial que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Saín en el área de Seguridad de la provincia continúa su curso en el ámbito de la Justicia santafesina y se consolida como uno de los procesos más sensibles de los últimos años.
El expediente no solo analiza posibles irregularidades administrativas, sino que pone el foco en la recopilación sistemática de información personal, política y patrimonial de cientos de personas, entre ellas dirigentes, funcionarios judiciales, empresarios y periodistas, sin órdenes judiciales ni vinculación con investigaciones penales concretas. Según la acusación, esas prácticas habrían violado de manera directa la Ley Nacional de Inteligencia.
De acuerdo a un extenso informe publicado por El Litoral, la Fiscalía sostiene que durante ese período se confeccionaron cientos de “perfiles” o dossiers a partir del acceso a bases de datos públicas y privadas, con el objetivo de influir en la vida política y en la opinión pública de la provincia. La investigación también involucra a ex funcionarios y colaboradores cercanos al entonces ministro.
Uno de los ejes más delicados del proceso está vinculado a la presunta afectación de la libertad de prensa. La acusación describe un episodio ocurrido en 2020, cuando se habrían impartido órdenes para generar acciones contra el CEO del diario El Litoral, Nahuel Caputto, a partir de una supuesta denuncia que nunca existió formalmente. Ese intento habría servido como excusa para producir información y avanzar con tareas de inteligencia sobre el empresario periodístico.
En paralelo, la defensa de Saín intentó que la causa pasara al fuero federal, bajo el argumento de que los hechos encuadran en delitos previstos por una ley nacional. Sin embargo, en distintas instancias la Justicia provincial rechazó ese planteo, al considerar que las acciones investigadas se desarrollaron exclusivamente dentro del ámbito santafesino y sin intervención de organismos nacionales.
Además de la Fiscalía, la causa cuenta con múltiples querellas. Entre ellas, la presentada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la Fiscalía de Estado, que solicitan penas de prisión más elevadas y describen una estructura organizada que habría utilizado recursos públicos para tareas ilegales de inteligencia.
El proceso continúa en etapa preparatoria, con la expectativa puesta en la definición de fechas para la reanudación de las audiencias y un eventual juicio oral. Mientras tanto, el expediente sigue acumulando pruebas y testimonios en una investigación que combina política, seguridad, justicia y un fuerte debate sobre los límites del poder estatal y la protección de la libertad de prensa en Santa Fe.
