Redacción
La delicada situación financiera de la cooperativa láctea Sancor sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. La Justicia Federal procesó a dos exdirectivos de la empresa por la presunta apropiación indebida de aportes correspondientes a los trabajadores, una maniobra que habría generado un perjuicio millonario al sistema de la seguridad social.
Según la investigación, los hechos se habrían producido entre los años 2020 y 2024, período durante el cual los aportes fueron efectivamente retenidos a los empleados pero no depositados en los organismos correspondientes. El monto total bajo análisis asciende a más de 1.600 millones de pesos, de acuerdo a lo informado en el expediente.
La causa se originó a partir de denuncias realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, lo que derivó en una investigación iniciada en 2023 por la Fiscalía Federal. El juez a cargo del proceso, **Aurelio Cuello Murúa**, resolvió el procesamiento de los exdirectivos y dispuso además el embargo de bienes por **90 millones de pesos para cada uno, como medida preventiva.
Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que la cooperativa actuaba como agente de retención de los aportes con destino al Sistema Único de la Seguridad Social, pero que esos fondos no fueron ingresados dentro de los plazos legales, configurando —en esta etapa del proceso— una presunta apropiación indebida.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los imputados conocían plenamente sus obligaciones y que existió una conducta deliberada orientada a eludir los pagos, en el marco de las responsabilidades jerárquicas que ejercían dentro de la cooperativa. La Fiscalía, por su parte, señaló que los hechos muestran un accionar voluntario y sostenido en el tiempo, con dominio sobre las decisiones que derivaron en la omisión de los aportes.
Tal como informó Agrofy News, el procesamiento se inscribe en un contexto de profunda crisis de la histórica cooperativa láctea, que atraviesa dificultades económicas desde hace varios años y enfrenta múltiples frentes judiciales y financieros.
La causa continuará ahora su curso en la Justicia Federal, mientras se avanza en la determinación de responsabilidades penales y patrimoniales por los fondos que debían destinarse a la cobertura social de los trabajadores.
