Redacción
Rafaela puso en marcha el calendario judicial 2026 con el primer juicio oral del año, un debate que presenta características particulares tanto por la conformación del tribunal como por la extensa historia del expediente que llegó finalmente a esta instancia. El proceso se desarrolla en los Tribunales de la ciudad y tiene como imputado a Julio César Unrein, acusado por hechos de robo, hurto y violación de domicilio en concurso real.
Una de las singularidades del juicio es que no intervienen jueces penales de primera instancia de Rafaela, ya que todos los magistrados locales tuvieron participación previa en la causa. Por ese motivo, se conformó un tribunal especial integrado por la jueza Cecilia Álamo, con asiento en San Cristóbal, junto a los conjueces Carlos Farías Demaldé y Sergio Beceyro.
El debate comenzó a mediados de enero y cuenta con audiencias previstas para los días 19, 20, 22 y 26, en distintos horarios de la mañana y el mediodía. La acusación es sostenida por la fiscal Fabiana Bertero, mientras que la defensa está a cargo del defensor público Bruno Rossini, recientemente incorporado al Ministerio Público de la Defensa de la Región 5.
En la primera jornada del juicio se registró, en primer término, un incidente planteado por la defensa, que fue resuelto por la presidenta del tribunal. Superada esa instancia, se dio inicio a los alegatos de apertura, en los que tanto la Fiscalía como la defensa expusieron sus teorías del caso ante el tribunal.
Tras los alegatos, comenzaron las declaraciones testimoniales. Durante la jornada declararon siete testigos propuestos por el Ministerio Público de la Acusación, uno de ellos mediante plataforma Zoom, ya que no reside en la provincia. Las audiencias continuarán con la producción de la prueba ofrecida por la defensa en la segunda jornada de debate.
Según la acusación fiscal, los hechos investigados se remontan a una misma madrugada de marzo de 2021, cuando el imputado habría ingresado sin autorización a distintos domicilios particulares, sustraído dinero y pertenencias y proferido amenazas al ser sorprendido por una de las víctimas. La Fiscalía sostiene que los delitos fueron cometidos en concurso real.
En ese marco, se solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva, además de la revocación de un beneficio de libertad condicional previo y la acumulación de condenas, lo que podría elevar de manera significativa el monto final de la pena en caso de recaer una sentencia condenatoria.
Con este proceso, Rafaela no solo inaugura el año judicial en materia de juicios orales, sino que también concentra la atención en una causa que arrastra varios años de trámite y que deberá ser resuelta por un tribunal especialmente conformado para este debate.
