Redacción
En el marco de una causa por estafas reiteradas, el juez de la Investigación Penal Preparatoria Nicolás Stegmayer resolvió conceder la libertad bajo medidas alternativas a Leonardo Nicolás Palacios, el oficial de la Policía Federal que permanecía detenido en la Alcaidía de Rafaela desde diciembre pasado.
La decisión se tomó tras una audiencia de revisión de la prisión preventiva, solicitada por la defensa y desarrollada este lunes en los Tribunales locales. El planteo fue formulado por el abogado defensor Carlos Farías Demaldé, quien logró un acuerdo que luego fue homologado por el magistrado, aunque sujeto al cumplimiento estricto de una serie de condiciones.
Palacios está imputado en una causa que investiga maniobras de estafa que habrían generado perjuicios económicos millonarios. La investigación es llevada adelante por el fiscal Guillermo Loyola y se inició a partir de una denuncia presentada por integrantes de la propia fuerza, quienes advirtieron movimientos irregulares y el uso indebido de datos bancarios.
Entre las medidas impuestas, el juez ordenó la constitución de domicilio en la localidad de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, con acreditación mediante informe socioambiental. Además, se designó un guardador responsable, quien asumirá la obligación de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la fijación de una caución real por 10 millones de pesos, que deberá ser depositada en una cuenta judicial que habilitará el propio juzgado, como garantía de reparación económica. Este monto podrá ser revisado y eventualmente incrementado una vez que se determine con precisión el alcance del perjuicio económico investigado.
Asimismo, Palacios deberá presentarse de manera quincenal ante una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires para acreditar su sujeción al proceso. También se dispuso la prohibición absoluta de regresar a la ciudad de Rafaela y de mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las víctimas y testigos de la causa, incluyendo comunicaciones a través de redes sociales o terceros.
Desde el ámbito judicial se aclaró que la investigación continúa en curso y que la libertad concedida no implica un cambio en la situación procesal del imputado, sino una adecuación de la medida cautelar mientras avanza el proceso.
La causa sigue generando fuerte atención por tratarse de un funcionario federal acusado de hechos graves, en un expediente que aún debe atravesar etapas clave de definición judicial.
