
Se desactivó la ocupación en barrio 2 de Abril y el Municipio reforzó la custodia de las viviendas
Redacción
Quedó desactivada la ocupación registrada en una vivienda del barrio 2 de Abril, luego de una serie de intervenciones que incluyeron el diálogo con la persona involucrada, la activación de dispositivos sociales y la actuación judicial correspondiente.
La situación se había iniciado durante la tarde, cuando se advirtió la presencia de una mujer junto a un niño de 11 años en una de las unidades del sector. A partir de allí, se puso en marcha un abordaje integral: intervinieron los equipos territoriales del Municipio, se dio aviso a la Justicia y se articularon acciones para encauzar el caso por vías institucionales.
Según se informó, se logró revincular a la mujer con una amiga y, en paralelo, se mantiene contacto por la situación del menor con el marido de la mujer, en un contexto de conflicto familiar previo. Si bien este tipo de situaciones no corresponde de manera directa a la órbita municipal, desde el Ejecutivo local se decidió asumir un rol activo para evitar nuevos episodios y resguardar el lugar.
En ese marco, la *Municipalidad de Rafaela* dispuso reforzar la seguridad de las viviendas del sector hasta que comiencen las obras previstas por la provincia, con el objetivo de prevenir nuevas ocupaciones y preservar el estado de las unidades.
El episodio se inscribe en un proyecto habitacional que permanece inconcluso. Se trata de 28 viviendas del programa *Casa Propia – Construir Futuro, cuya ejecución quedó paralizada desde agosto de 2023. Actualmente, el **Gobierno de la Provincia de Santa Fe* gestiona la reactivación de esas unidades, en simultáneo con la construcción de 37 nuevas viviendas en el cercano barrio Mora, con finalización estimada para mediados de 2026.
Desde las autoridades reiteraron que cualquier situación vinculada a viviendas en ejecución o sin adjudicación debe canalizarse por las vías legales correspondientes, y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local, la Provincia y la Justicia para abordar estos casos sin generar nuevos conflictos sociales.



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