Redacción
En medio de la tensión generada por la protesta policial, el Gobierno de Santa Fe puso el eje en la situación de los agentes y anunció medidas orientadas a recomponer ingresos y normalizar plenamente el servicio, especialmente en Rosario.
Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, informaron que la operatividad nunca cayó por debajo de niveles aceptables y que la seguridad pública se sostuvo durante todo el conflicto. En el caso de la Unidad Regional II, señalaron que el funcionamiento se mantuvo cercano al 90 %, con atención de las incidencias y sin hechos graves vinculados a la protesta.
Uno de los puntos centrales del anuncio fue el levantamiento del pase a disponibilidad preventiva dispuesto días atrás. Desde el Ejecutivo aclararon que esa medida tuvo como objetivo encuadrar la negociación y no constituyó una sanción definitiva. Con la reapertura del diálogo, se solicitó a los efectivos notificados que se reincorporen de inmediato a sus tareas habituales.
“El reclamo es legítimo y atendible”, reconocieron desde el área de Seguridad, al tiempo que admitieron el desgaste que arrastra parte del personal por la carga horaria y las exigencias propias de la función. En ese contexto, remarcaron que el Estado debe brindar una respuesta integral que contemple no solo lo salarial, sino también condiciones laborales y acompañamiento en salud mental.
En paralelo, el Ministerio de Economía anunció una garantía concreta: todo el personal policial y penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior al valor de la canasta básica para un hogar tipo que publica el Indec. La medida implicará una asignación adicional de recursos provinciales y estará focalizada en los escalafones subalternos, donde se concentran los sueldos más bajos.
La intención oficial es, a partir de ese piso salarial, avanzar en una jerarquización que reconozca responsabilidades y funciones. Mientras tanto, el Gobierno aseguró que el servicio vuelve progresivamente a su esquema ordinario y que el canal de diálogo permanece abierto para consolidar una salida al conflicto.
