Redacción
M. M. R., acusado de abuso sexual con acceso carnal recuperó la libertad este lunes en Rafaela, luego de que se desarrollara la audiencia cautelar en el marco de una causa por hechos de violencia de género. La resolución fue adoptada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, tras un extenso debate que se prolongó durante casi tres horas.
El pasado sábado se había realizado la audiencia imputativa, instancia en la que la Fiscalía formalizó la acusación por dos hechos: uno por lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género y otro por abuso sexual con acceso carnal. Ambos hechos fueron atribuidos a una relación de pareja previa entre el imputado y la denunciante, con una hija en común.
Durante la audiencia cautelar, llevada adelante este lunes, la fiscal Brenda Baños solicitó que el acusado permaneciera detenido, al sostener que existían riesgos procesales, una expectativa de pena de cumplimiento efectivo y una situación de especial vulnerabilidad de la víctima. Entre los argumentos expuestos se mencionó la gravedad del delito atribuido, una presunta progresión de la violencia y la existencia de un arma de fuego, cuya tenencia fue analizada durante el debate.
La defensa, a cargo del abogado **Carlos Luis Farías Demalde**, se opuso de manera contundente al pedido de prisión preventiva. El defensor sostuvo que no se encontraban reunidos los requisitos legales para mantener la detención, cuestionó la forma en que se promovió la acción penal y remarcó que su asistido cuenta con arraigo, trabajo estable, obligaciones familiares y carece de antecedentes condenatorios.
Farías Demalde también objetó aspectos centrales de la investigación, como la valoración de algunas pruebas, la falta de instancias formales en determinados tramos del proceso y la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas que garantizaran el normal desarrollo de la causa sin necesidad de una detención efectiva.
Finalmente, el juez resolvió disponer la libertad del imputado bajo la aplicación de medidas alternativas. Entre ellas, fijó domicilio en la ciudad, la obligación de presentarse semanalmente a firmar ante la autoridad correspondiente, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a la víctima y a testigos, la prohibición de portar o utilizar armas de fuego y la puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación del arma registrada a su nombre.
Además, se ordenó comunicar lo resuelto al juez que interviene en la causa conexa y se dejó constancia de la reserva de recursos por parte de las partes.
La investigación continúa en curso y el imputado seguirá sometido al proceso judicial, mientras se avanza con las medidas probatorias pendientes en una causa que permanece abierta.
