RedacciónLa Justicia provincial resolvió no conceder la libertad condicional solicitada por Miguel Alberto Olivares, condenado por una compleja causa de estafas y delitos informáticos que generaron un perjuicio económico millonario a dos empresas del sector privado, Las Taperitas y Williner
Del debate judicial participaron, el el juez Gustavo Martín Urdiales los representantes de cada una de las partes: la defensa técnica del condenado, a cargo de Adrián Rocca; el Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Guillermo Loyola; y la querella, que actuó a través del abogado Carlos Farías Demaldé en nombre de uno de los damnificados.
La decisión se tomó tras una audiencia realizada de manera virtual, en la que el magistrado interviniente evaluó los informes técnicos y los planteos de las partes. Finalmente, concluyó que no están cumplidos los requisitos legales y criminológicos exigidos para avanzar con un egreso anticipado del régimen penitenciario.
Olivares cumple una pena de tres años de prisión efectiva y, por el tiempo transcurrido desde la condena, se encontraba habilitado para solicitar el beneficio. Sin embargo, desde el ámbito judicial se remarcó que la posibilidad de acceder a una audiencia no implica que la libertad condicional deba otorgarse automáticamente.
Durante el trámite, la defensa mencionó una situación de salud del interno, pero ese argumento no fue central en la resolución. De hecho, no se incorporaron certificados médicos que acreditaran formalmente un cuadro clínico que pudiera modificar el análisis de fondo, que estuvo estrictamente vinculado a los aspectos técnicos del régimen de progresividad.
Los informes elaborados por los equipos interdisciplinarios del Servicio Penitenciario resultaron determinantes. Si bien se valoró que el condenado mantiene buena conducta, sin sanciones disciplinarias y con correcta adaptación a las normas carcelarias, el dictamen general fue negativo.
Entre los puntos que jugaron en contra se señaló que Olivares aún no atravesó instancias concretas de progresividad, necesarias para evaluar su desempeño en escenarios de mayor responsabilidad. Además, los informes psicológicos y sociales advirtieron una elaboración incompleta del daño causado, una aceptación parcial de la responsabilidad penal y escasa empatía hacia las víctimas. También se destacó la debilidad de su red de contención externa, reflejada en la ausencia de visitas durante el encierro y contradicciones en los relatos del entorno familiar.
En función de ese cuadro, la Junta Técnica recomendó no habilitar la libertad condicional, criterio que fue adoptado por el juez al momento de resolver.
La condena que cumple Olivares se originó en una investigación que permitió desbaratar una organización dedicada a realizar maniobras fraudulentas mediante suplantación de identidad, uso de documentación apócrifa y accesos indebidos a sistemas bancarios, con transferencias de fondos por cifras superiores a los 170 millones de pesos.
La causa incluyó un trabajo investigativo de alta complejidad, con peritajes informáticos, análisis de movimientos financieros y cruces de comunicaciones. Por esos hechos ya hubo otras condenas, mientras que el proceso judicial continúa respecto de más personas imputadas.
Con esta resolución, Olivares permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria de Coronda, sin acceder por ahora a un régimen de salida anticipada.
