RedacciónEn una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, el juez Gustavo Bumaguin resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa y mantener la prisión preventiva de Sebastián Alberto Sandoval, imputado en una causa por delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple.
La decisión se adoptó tras escuchar las exposiciones de las partes, en el marco de una audiencia imputativa y de revisión de la medida cautelar. El imputado permanece alojado en la Alcaidía Regional de Santa Fe y participó de la audiencia mediante videoconferencia.
Durante su intervención, la fiscal Gabriela Lema se opuso al planteo de la defensa y sostuvo que no existió “tiempo muerto” en la investigación. Señaló que se trata de una causa compleja, con multiplicidad de víctimas y hechos, que requirió un abordaje integral de la situación, incluyendo entrevistas en Cámara Gesell y otras medidas probatorias que aún deben completarse.
La representante del Ministerio Público de la Acusación remarcó que el imputado enfrenta un pedido de pena elevado, de hasta 20 años de prisión, lo que incrementa los riesgos procesales. Advirtió, además, sobre el peligro de entorpecimiento de la investigación en caso de recuperar la libertad, ya que Sandoval podría influir sobre las víctimas, quienes —según expuso— fueron hostigadas con anterioridad para evitar que realizaran las denuncias. También destacó la violencia desplegada en los hechos y el incumplimiento previo de medidas restrictivas por parte del imputado.
Por su parte, la defensa, a cargo de Amalia Cassina, solicitó la libertad del imputado bajo la aplicación de medidas alternativas no privativas de la libertad. Argumentó que Sandoval se encuentra detenido desde mayo de 2024 sin avances sustanciales en la causa y sostuvo que los riesgos procesales podrían neutralizarse con restricciones menos gravosas. Incluso propuso un domicilio en la ciudad de Rafaela, pese a que allí residen las víctimas.
En la audiencia también tomó la palabra del abogado querellante Carlos Farías Demaldé, en favor de la víctima, quien coincidió con la postura de la Fiscalía. Indicó que la investigación abarca al menos diez legajos judiciales y que el impacto de los hechos trasciende el plano penal, afectando de manera profunda la vida personal, social y laboral de las víctimas. En ese sentido, solicitó el rechazo del pedido de la defensa y la continuidad de la prisión preventiva.
Al resolver, el juez Bumaguin consideró acreditados los riesgos procesales, en especial el peligro de fuga, el entorpecimiento probatorio y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, tal como lo prevé el Código Procesal Penal en casos de violencia contra las mujeres. También valoró la gravedad de la pena en expectativa y el hecho de que aún resta producir prueba relevante.
Finalmente, el magistrado resolvió mantener la prisión preventiva de Sandoval durante el plazo de tramitación del proceso, dejando a las partes debidamente notificadas y dando por finalizada la audiencia.
