RedacciónEn plena disputa paritaria con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), el secretario de Gobierno, Germán Bottero, y la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvia Imperiale, visitaron los estudios de FM 100.7 en el programa Reencuentro que conduce Gerardo Zanoni, donde expusieron la postura oficial frente al reclamo salarial.
Los funcionarios detallaron que la oferta del Ejecutivo contempla un 8% en febrero, un 5% en abril y un 3% en junio, lo que —según explicaron— implica un incremento acumulado cercano al 16% en el primer semestre. El punto de mayor fricción es el mínimo garantizado, actualmente en 794.000 pesos.
“Ofrecimos adelantar el 5% previsto para abril en las categorías más bajas, para que el mínimo pase a casi 897.000 pesos ahora y llegue a unos 930.000 en junio”, precisó Bottero. El gremio, en cambio, reclama que ningún trabajador municipal perciba menos de un millón de pesos hacia mitad de año.
Desde el Ejecutivo sostienen que la diferencia, que en términos individuales ronda los 70.000 pesos, representa un fuerte impacto si se multiplica por el universo de más de 1.400 empleados. “Son muchos recursos en un contexto donde la coparticipación cayó y los ingresos locales están congelados”, advirtió el secretario de Gobierno.
En ese sentido, vincularon la discusión salarial con el escenario macroeconómico. Señalaron la caída en la actividad económica, la baja en los fondos coparticipables y la decisión del Concejo de no actualizar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) a fines del año pasado. “Los recursos son los mismos o incluso menos, mientras las demandas crecen”, resumieron.
Imperiale, por su parte, sostuvo que la propuesta “es responsable y posible” y que prometer un monto que no pueda sostenerse en el tiempo sería imprudente. “De nada sirve hacer un anuncio rimbombante si dentro de tres meses no se puede pagar”, afirmó.
Sobre la instalación de la carpa frente al Palacio Municipal, ambos reconocieron que no cuestionan el derecho a la protesta, aunque consideraron que la medida resultó “excesiva” y sorpresiva. Recordaron que durante los últimos dos años mantuvieron una relación de trabajo conjunto con el gremio, con mejoras en equipamiento, condiciones laborales y procesos internos.
También remarcaron que cualquier medida de fuerza impacta directamente en los servicios que recibe el vecino, como la recolección de residuos o el transporte público, en el inicio del ciclo lectivo. “El único perjudicado es el vecino”, coincidieron.
Consultados sobre la posibilidad de acercar posiciones antes de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, prevista para esta semana, aseguraron que las puertas no están cerradas y que continuarán las conversaciones. Sin embargo, reiteraron que el límite está dado por la capacidad real de pago del municipio.
“Hoy no podemos asumir el compromiso de pagar un millón de pesos como mínimo. Sería irresponsable”, subrayaron.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y la negociación continúa en un escenario donde ambas partes sostienen la legitimidad de sus planteos, pero aún no logran coincidir en el número final.
